El Ministerio Público insiste en que el exparamilitar se debe mantener en Justicia y Paz en tanto, allá le impondrían sanciones económicas para indemnizar a las víctimas.
La Procuraduría insistió en que el exparamilitar Salvatore Mancuso debe ser expulsado de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). El órgano de control apeló una acción de tutela que desestimó el tribunal especial y decidió recusar a 7 magistrados.
El argumento central del Ministerio Público es que el exparamilitar –recién extraditado hacia Colombia desde Estados Unidos– debe permanecer en el tribunal de Justicia y Paz porque ese es su juez natural y que el salto a la JEP supone una vulneración a las víctimas.
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Pero la JEP rechazó las pretensiones de la Procuraduría y, en respuesta a la tutela, afirmó que Mancuso continuará su sometimiento ante ese tribunal especial que nació con el Acuerdo de Paz de 2016.
La Procuraduría, entonces, decidió apelar la decisión y recusó a los siete magistrados que decidieron mantener a Mancuso en la JEP. Insistieron en que el exparamilitar no tiene cabida en el tribunal especial.
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Los siete magistrados fueron recusados porque la Procuraduría consideró que “no serían imparciales” ya que en casos anteriores se han pronunciado sobre el caso.
“No puede afirmarse pues, que en tales condiciones exista objetividad y, por ende, imparcialidad en los honorables magistrados recusados para desatar la impugnación promovida, para adoptar una posición neutral, cuando han dejado claramente sentada su postura en uno y otro escenario”, se lee en la impugnación.
Los magistrados recusados son Patricia Linares, Rodolfo Arango, Eduardo Cifuentes, Sandra Gamboa y Danilo Rojas, de la Sección de Apelación y quienes firmaron la resolución que aceptó la inclusión del exjefe paramilitar en la JEP
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También fueron recusados Jesús Ángel Bobadilla y Adolfo Murillo, quienes negaron la tutela instaurada por la Procuraduría.
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La Corte Constitucional ya evalúa el eventual aterrizaje en pleno de Mancuso en la JEP. Para la Procuraduría, la Jurisdicción Especial no le impondrá al exparamilitar sanciones económicas para indemnizar a las víctimas, compromiso que sí tendría en Justicia y Paz.
