La Superintendencia de Salud anunció que inició la intervención forzosa administrativa para administrar a Capresoca EPS, por lo cual ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios por el término de un año, entre el 7 de octubre de 2024 y el 7 de octubre de 2025. La entidad indicó que tomó esa determinación tras evidenciar una crítica situación de índole administrativa, incremento en el número de tutelas y desacatos, financiera, de entrega de medicamentos y un aumento importante en las quejas de sus usuarios.
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Así las cosas, la entidad señaló que esa situación pone en riesgo la adecuada y oportuna prestación de los servicios de salud y la integridad y la vida de los afiliados, que se concentran principalmente en el departamento de Casanare.
Vale recordar que Capresoca se encontraba de manera ininterrumpida bajo medida preventiva de vigilancia especial, que inició en agosto de 2016, por lo cual —en concepto de la Supersalud— no ha logrado subsanar las falencias identificadas y, por el contrario, han ido incrementando con el paso del tiempo. Muestra de esto es que la EPS presenta un aumento de reclamaciones del 120 % comparando los periodos de enero a julio de 2023 y 2024, que ubican a la EPS en el tercer lugar entre doce del régimen subsidiado con mayor tasa de reclamaciones.
La información de la institución expresó que entre los principales motivos de estas reclamaciones se encuentran la negación y falta de oportunidad en el reconocimiento de reembolsos, asignación de citas o consultas, tecnologías en salud y/o otros servicios autorizados. Al igual que la información base para el cálculo de las condiciones financieras y de solvencia, evidenció que no cumplían los indicadores de capital mínimo y patrimonio adecuado para las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 y el 2024 con corte a junio.
Por otra parte, la superintendencia expresó que la EPS no remitió la información relacionada con la metodología del cálculo de reservas técnicas a corte de diciembre de 2023 y junio de 2024. Así mismo, la EPS no constituyó inversiones computables, que le permitan cumplir con los requerimientos financieros exigidos como respaldo de las reservas técnicas.
Finalmente, la entidad fue enfática en que la EPS Capresoca presenta un incremento del 66 % en la interposición de tutelas contra la aseguradora por las dificultades en la prestación de servicios de salud a los afiliados.
Al respecto, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, sostuvo que “con esta medida, la Supersalud busca garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad, así como, la estructuración e implementación de soluciones que impacten positivamente, los componentes de carácter administrativo, financiero y asistencial que en su conjunto permitan superar las falencias identificadas”.
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Con esta intervención, son ocho las entidades promotoras de salud que están bajo intervención forzosa de la superintendencia, en lo que va de este Gobierno. En ese grupo están la Nueva EPS (10,8 millones de afiliados), Sanitas (5,6 millones de afiliados), Famisanar (2,9 millones de afiliados), Asmet Salud (1,8 millones de afiliados), Emssanar (1,7 millones de afiliados), Savia Salud (1,6 millones de afiliados) y Servicio Occidental de Salud —SOS— (0,75 millones de afiliados).
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