Entre 2018 y 2022, la Superintendencia Nacional de Salud atendió 4.436.032 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de los pacientes y usuarios del sistema de salud en Colombia.
Entre las principales preocupaciones de los usuarios estuvieron las demoras en la asignación de citas de medicina especializada y en la autorización y entrega de medicamentos.
Le puede interesar: Se les acabó el amor: en Colombia se presentaron 99 divorcios diarios durante 2023
De esta manera, la Contraloría General de la República (CGR) informó que, por medio de su Delegada de Salud, desarrolló un estudio que aborda las preocupaciones de los usuarios de Entidades Promotoras de Salud (EPS) respecto a la atención durante este periodo.
El análisis se centró en la gestión de diez EPS del régimen contributivo y 21 del subsidiado, incluyendo cinco EPS indígenas, en relación con la prestación de servicios de salud en los últimos cinco años.
Para esto, se hizo una revisión de las inconformidades presentadas a partir de los reportes de usuarios de 31 EPS.
En este sentido, el 38% de las PQRD (1.690.128) estuvieron relacionadas con “riesgo de vida”, indicando situaciones en las cuales la vida o la integridad del paciente estuvo en peligro sin atención médica inmediata.
Entre tanto, la revisión de los informes de la Defensoría del Pueblo reveló que entre 2018 y 2021 se presentaron 483.866 tutelas interpuestas por ciudadanos afiliados, con un promedio anual de concesión del 72,5% en primera instancia.
Así mismo, las providencias emitidas por la Corte Constitucional indicaron que el 62,6% estaban relacionadas con deficiencias en la atención, especialmente en servicios de consulta externa, atención hospitalaria, cuidados intensivos y tratamientos para diversas enfermedades.
Por otro lado, el acceso a medicamentos representó el 14,7% de las providencias.
El análisis también señaló que la Superintendencia de Salud emitió ocho sanciones económicas por un total de $6.642.848.730 a tres Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB): Medimás, Saludvida y Caja de Compensación Comfacundi.
Según el informe de la Contraloría, estas sanciones fueron pagadas con recursos de la salud, lo que contraviene la ley y genera hallazgos con incidencia fiscal por un monto total de $26.301 millones en 20 EAPB durante el periodo 2018-2022.
El estudio, además, recomendó que las entidades de vigilancia y control refuercen el seguimiento a la capacidad gerencial de las EPS para garantizar el cumplimiento de la normatividad, la calidad y oportunidad en la prestación de servicios, así como la administración adecuada de los recursos del sistema para asegurar el derecho fundamental a la salud.
Finalmente, las deficiencias en la prestación de servicios no solo pueden llevar a sanciones económicas a las EPS, sino que estas se han utilizado de manera indebida los recursos del sistema para afrontarlas, causando daño patrimonial al Estado e impactando negativamente la atención y calidad de vida de los usuarios.
EL COLOMBIANO había conocido en primicia este informe y, en entrevista, el contralor delegado para la salud, Óscar Cadena, dijo que “este informe pasará al Congreso y tendrán que tomar medidas para robustecer el cumplimiento de la función de gestión de riesgo que asumen las EPS con los pacientes”.
Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.
