El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, se refirió a la denuncia que el grupo Keralty (conglomerado del que hace parte Sanitas EPS) interpuso en su contra ante la Fiscalía.
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Según el abogado Juan David Riveros, apoderado del grupo, “la intervención es ilegal porque la motivación que utiliza (la Supersalud) es falsa y se aleja por completo de las cifras y la realidad que demuestran la situación de la EPS”.
Ante esto, Leal señaló que desconoce “cuáles son las cifras que ellos manifiestan que son falsas porque todas son comprobadas por los documentos que ellos mismos nos entregan como entes vigilados y por las auditorías que realiza la Superintendencia y ninguna de las que se ha dado dentro de los autos que dan paso a este acto administrativo son falsas”.
Por otro lado, el funcionario señaló que la entidad “ha actuado de acuerdo con las normas vigentes y a la ley y que la medida frente a Sanitas, a Nueva EPS y SOS tienen toda la documentación y sustento jurídico para darse”.
Finalmente, Luis Carlos Leal manifestó que no ha sido notificado de investigación alguna en su contra, pero que “estaremos dispuestos a responder con la justicia de manera oportuna como debe ser”.
La denuncia que interpuso el abogado del grupo empresarial señala que el superintendente incurrió en el delito de prevaricato y que se encontraría impedido para tomar decisiones en este caso, debido a opiniones que compartió en redes sociales sobre las EPS y en contra del actual sistema de salud colombiano.
A esto, Leal indicó que “no hay ningún tipo de impedimento cuando la Corte Constitucional ha manifestado que se debe proteger la opinión, en particular de actores políticos”.
Y explicó que cuando hizo esas declaraciones “era concejal de Bogotá, tengo derecho a expresar mi opinión y no era una opinión particular en contra de Sanitas (...) era una opinión en contra de la intermediación financiera”.
Por esta intervención, la Procuraduría General abrió una investigación en contra del Superintendente de Salud por presuntas irregularidades. En concreto, investiga una aparente falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS.
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