Las EPS afiliadas a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) hicieron un llamado de alerta al Gobierno nacional para superar la crisis financiera que tiene en peligro la estabilidad del sistema de salud.
Le puede interesar: Ante demanda de Thomas Greg por pasaportes, así será la defensa de la Cancillería
Por un lado, Acemi –que agremia a las EPS del régimen contributivo– expresó su preocupación por la falta de medidas por parte del Ministerio de Salud para asegurar la suficiencia de los recursos y el pago de las deudas pendientes a las EPS.
El gremio destacó la necesidad de ajustes a la unidad de pago por capitación (UPC, que es la prima que les giran mensualmente a las EPS para atender a sus afiliados) para 2024, reconociendo el creciente gasto en salud y las desviaciones acumuladas en los últimos años.
“Urgen medidas desde el Ministerio de Salud y Protección Social para garantizar los recursos del financiamiento sectorial y asegurar con ello la atención en salud de la población colombiana”, expresó Acemi en un comunicado.
El gremio advirtió sobre la ausencia de espacios técnicos para revisar y discutir el cálculo de la UPC, que históricamente se realizaba en esta época. Por eso, Acemi alertó que la falta de un incremento acorde con la realidad de gasto del sistema, como sucedió en años anteriores, podría tener consecuencias graves para la estabilidad del sector y la atención adecuada de los pacientes.
Adicionalmente, denunciaron que hasta octubre pasado, el Ministerio de Salud no pagó los presupuestos máximos (plata con la que se pagan los servicios de salud que no están cubiertos por el plan de beneficios en salud) de julio a octubre de 2023, afectando las finanzas de las EPS y generando problemas de desabastecimiento en la atención a pacientes.
A pesar de solicitudes, los presupuestos máximos de noviembre y diciembre tampoco fueron cancelados, exponiendo a pacientes de enfermedades de alto costo a riesgos significativos.
El comunicado también cuestionó la asignación de recursos de la adición presupuestal por más de $2 billones, destinados a otros proyectos en lugar de cubrir los presupuestos máximos de noviembre y diciembre de 2023.
Por otra parte, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y las Cámaras de la Salud que agremian a los aseguradores, los prestadores y los proveedores de tecnologías en salud.
“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que proteja el derecho fundamental a la salud de toda la población colombiana, amenazado por la crisis financiera del sector”, expresaron.
La ANDI y las Cámaras de la Salud propusieron trabajar conjuntamente con el gobierno en un plan que garantice la prestación del servicio a los pacientes, asegurando flujos de recursos adecuados y suficientes. Además, resaltaron la necesidad de cubrir los servicios, medicamentos, pagos al personal de salud y demás costos de manera oportuna.
La ANDI, tras recopilar información de diversos estudios, concluyó que los recursos asignados para la UPC desde 2021 fueron insuficientes, generando una deuda acumulada de aproximadamente 5 billones de pesos en los últimos 3 años.
Agregaron que el aumento en los costos de salud, motivado por la demanda post-covid, envejecimiento poblacional, ampliación del Plan de Beneficios en Salud y cambios macroeconómicos, contribuyó a la crisis actual.
Estos datos se alinean con la información de la Superintendencia Nacional de Salud, que reveló una pérdida acumulada de más de 1.2 billones de pesos y un deterioro patrimonial cercano a los 4 billones de pesos hasta septiembre de 2023.
Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.
