El Consejo de Estado admitió esta semana una demanda de nulidad contra la intervención realizada por la Superintendencia de Salud a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente de Bogotá. Esa entidad es la encargada de la administración del Hospital San Juan de Dios.
Esta acción jurídica fue presentada por la Fundación para el Estado de Derecho y busca proteger la autonomía administrativa de la capital y garantizar un proceso justo. A juicio de los demandantes, la intervención violó la autonomía de la ciudad, se basó en motivaciones falsas y fue desproporcionada.
En contexto: Supersalud intervino para administrar una subred de servicios de salud de Bogotá.
Al respecto, la fundación señala que actualmente existen medidas preventivas como la vigilancia especial, la recapitalización y programas de recuperación, que pudieron haberse aplicado antes de llegar a la toma de posesión de los bienes de la subred.
Cabe recordar que el pasado 7 de mayo la Supersalud ordenó la intervención forzosa administrativa y la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de esa entidad.
Como justificación, esa entidad expuso que evidenció 30 deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas que han sido reiterativas desde 2022 y que, según la entidad, ponen en riesgo la integridad y seguridad de los pacientes.
Así mismo, expresaron que con la implementación del modelo de prestación de servicios en el marco de la reorganización de la Subred Centro Oriente ESE no se han logrado disminuir barreras de acceso para los usuarios. Como consecuencia de esto, sostuvo que la atención a los usuarios continúa siendo fragmentada y con poca capacidad resolutiva, sobre todo en los servicios de mediana y alta complejidad.
Esa subred es la que agrupa a los hospitales públicos (empresas sociales del estado) de esa zona de la capital, que abarca las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Los Mártires, La Candelaria, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe.
Sobre la admisión de la demanda de nulidad, el presidente de la junta directiva de la Fundación para el Estado de Derecho, Luis Guillermo Vélez, sostuvo que “encontramos que la medida de la superintendencia carece de un análisis exhaustivo de los diferentes frentes de la entidad de salud intervenida, como la prestación del servicio, la satisfacción de los usuarios o la cobertura y de un soporte probatorio que fundamenta la intervención”.
“La resolución no solo infringe el ordenamiento jurídico, sino que deriva en una afectación directa a la atención en salud de los usuarios de la Subred que de forma prevalente pertenecen al régimen subsidiado”, añadió.
Por otro lado, los demandantes advirtieron que bajo la administración del agente interventor designado por el Gobierno, Luis Oscar Galves Mateus, decidió terminar unilateralmente el contrato con la empresa española COPASA, que había ganado la licitación para el diseño, construcción, dotación, puesta en marcha y operación del Hospital San Juan de Dios.
Ante esto, la fundación alertó que esa decisión generó que COPASA iniciara un arbitraje internacional que pide una compensación millonaria, lo cual pone en riesgo financiero a la subred y las finanzas públicas de Bogotá.
“La incertidumbre en torno a la modernización del Hospital San Juan de Dios plantea un serio riesgo para la infraestructura de salud y para los pacientes que dependen de sus servicios”, señalan los demandantes.
Lo que sigue en este proceso es que el Consejo de Estado decida si atiende la solicitud de medida cautelar, que consiste en la suspensión provisional de los efectos de la resolución de la Superintendencia de Salud. Y luego el alto tribunal tendrá que estudiar el proceso para tomar una decisión definitiva.
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