La atención al final de la vida (en estados en los que la enfermedad ya no tiene reversa) implica la toma de decisiones complejas por parte de los profesionales de la salud y los pacientes.
Colombia cuenta con legislación orientada a la provisión y el acceso a cuidados paliativos. Además, es el único país de América Latina con regulación sobre eutanasia o muerte asistida.
En este sentido, investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana adelantaron un estudio de encuesta en tres hospitales de Colombia. En ellos identificaron a un total de 348 pacientes con cáncer en fase terminal.
Cuando estos fallecieron, sus médicos tratantes fueron invitados a responder un cuestionario en relación con las decisiones que deben tomarse al final de la vida: retirada o retención de tratamientos; intensificación de medidas para aliviar el dolor con aceleración de la muerte como posible efecto secundario e intención explícita de acelerar la muerte.
De los 348 convocados, 216 profesionales aceptaron la invitación.
La decisión de no recibir tratamiento
Entre los hallazgos del estudio quedó constatado que la mayoría de los pacientes diagnosticados (el 76 %) optó por no recibir ningún tipo de tratamiento que alargue su pronóstico.
Así mismo, con respecto a la atención paliativa para mejorar la calidad de vida, se supo que el 97 % recibió opioides.
Seis pacientes, que representan el 2 % de la muestra, solicitaron explícitamente acelerar su muerte. De los seis, solo dos pudieron cumplir con su voluntad.
Finalmente, el 26 % de los médicos encuestados había hablado con el paciente sobre la posibilidad de tomar tratamientos que aceleraran su deceso.
Ante este panorama, entre las conclusiones de los investigadores estuvo la inminente necesidad de que en el país se investiguen ”más a fondo los procedimientos específicos para el final de la vida, los deseos de los pacientes y la disponibilidad de cuidados paliativos”.
