Lorena y seis profesionales de salud más tienen una meta semanal: hacer 30 consultas médicas a domicilio en un barrio. Tiempo en el que tienen que ir al mismo número de hogares y realizar valoraciones en salud. Ella es psicóloga y el grupo que acompaña lo integran un médico general, un enfermero jefe y cuatro auxiliares de enfermería.
Estas personas son la cara de los Equipos Básicos de Salud en Granada (Meta). Como estos, según el presidente Gustavo Petro, hay 5.000 operando en todo el país. La exministra de Salud, Carolina Corcho, los definió como “la puerta de entrada del sistema de salud”.
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“Nos dan un territorio y un microterritorio, que es un barrio, que es donde hacemos las visitas. Le toman la presión arterial, el peso y la talla a las personas”, contó Lorena.
Después de eso, agrega, si las personas que valoraron requieren un servicio en salud, “el médico, enfermero o psicólogo, según la necesidad de la persona, se dirige a ese hogar”.
La psicóloga explica que los servicios que ofrecen en las brigadas son los mismos de la Empresa Social del Estado (ESE) del municipio que los contrata. Para su caso, hay planificación familiar, psicología y control de crecimiento y desarrollo, de adultez y de vejez.
“Para que puedan ser atendidas y que el médico vaya, tienen que estar en el régimen subsidiado y que el seguro tenga convenio con la ESE”, añade Lorena.
Este relato sobre lo que hacen estos equipos es lo que Petro refiere que la prensa no cubre: la atención primaria en salud, como base del modelo de salud preventivo. Pues bien, acá van varias referencias acerca de su impacto en la salud pública y sus resultados.
Los Equipos Básicos de Salud los reglamentó el Gobierno a finales de 2022 con dos resoluciones que dieron lineamientos para su operación y financiación. Se pagan con plata de la Administradora de Recursos de la Salud (Adres), del Presupuesto General de la Nación o de “cualquier otra fuente que se determine”.
Una de esas fue el 5 % de la Unidad de Pago por Capitación (plata que reciben las EPS por cada afiliado), pero la Corte Constitucional lo tumbó argumentando que el Ministerio de Salud no presentó estudios técnicos que lo sustentaran.
Cada equipo cuesta $51’738.430 al mes, según el ministerio. El documento de esa entidad que detalla la implementación de esta iniciativa habla de ocho personas que los conforman. Los siete que dijo Lorena, más un líder comunitario o promotor (Ver archivo del Ministerio de Salud). El costo de los ocho suma $34,4 millones, a lo que se le suma $10,5 millones de transporte y $6,7 millones en gastos de operación. Sin embargo, con el valor del peso actual costarían $61’882.869.
Con cuentas de servilleta y siguiendo las cifras que usó el Ministerio en 2022, cada equipo costaría mantenerlo al año $620 millones y los 5 mil que expone Petro, $3,1 billones.
Esa plata se la giran a las ESE para que contraten a esos profesionales de salud. Entre tanto, el seguimiento de la información que recopilan se consignan en un aplicativo llamado PISIS para que el ministerio los revise y recopile.
El consultor en salud, Ramón Abel Castaño, dice que estos equipos dan buenos resultados en tanto “hagan parte de un engranaje que se base en grupos territoriales de afiliados y que cuenten con profesionales que conozcan la población asignada y sus dinámicas locales y familiares”, como ocurre en Costa Rica.
No obstante, el sistema colombiano se rige por grupos poblaciones por la dinámica de afiliación por EPS. Lo cual “hace difícil impulsarlos en el contexto del sistema colombiano porque las EPS preferirán mantener los contratos con buenas IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud) que hacerlo con una ESE que paga esos Equipos Básicos”, añade Castaño.
En el equipo que está Lorena, dice, el médico “tiene que hacer historia clínica y si los pacientes lo requieren, debe hacer un seguimiento de tres visitas y acercarse a la ESE”.
Así las cosas, ¿pueden en el contexto colombiano dar buenos resultados? Para Castaño, no se pueden hiperdimensionar porque se convierte en “un desperdicio de recursos” y porque es “una falacia que eso reduzca el gasto en salud”.
“Si buscan enfermos, los encontrarán y gastarán plata en atenderlos. Que se puede evitar la enfermedad y así ahorrar, es una quimera que no ha hecho ningún país”, explica.
EL COLOMBIANO le preguntó al Ministerio de Salud si tiene un consolidado de los reportes que le llegan, cuál es su distribución en los departamentos y cómo se están financiando, pero al cierre de esta edición no dieron respuesta.
Aún así, hay un antecedente de esta iniciativa en la Alcaldía de Petro en Bogotá (2012-2015), que el exsecretario de Salud Luis Gonzalo Morales señala de no haber tenido un sistema de información, lo cual hizo imposible evaluar resultados. Y recordó que “de cada 100 pacientes que se atendieron, 80 pertenecían a EPS del régimen contributivo, lo que significó que el Distrito con plata pública le hizo el trabajo gratis a las EPS privadas”.
Por lo pronto, este modelo de prevención, sumado a las fallas que tienen el cambio en la salud de los maestros, retrata la forma en que el Gobierno maneja la salud. Sin duda es un contexto complejo en medio de la seguidilla de EPS que anuncian su liquidación voluntaria o ya están intervenidas.
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40.000
es el número de profesionales de salud contratados para el programa.
