La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) presentaron este martes un informe sobre las causas del desfinanciamiento del sistema de salud, cuyas causas fueron abordadas desde las perspectivas de los dos gremios.
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En el foro —que bautizaron “Una mirada metodológica a las cifras del sector salud”— mostraron el resultado de un análisis técnico que se realizó teniendo en cuenta la estructura del sistema y su modo de funcionamiento, que busca que pueda ser utilizado por las entidades de control y la sociedad en general para hacer una evaluación adecuada de la situación.
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Al respecto, hicieron énfasis en lo que, a su criterio, está afectando el aseguramiento en salud y la prestación de servicios a los ciudadanos, como las causas del desfinanciamiento y el flujo de los recursos en el sistema.
Sobre las causas del desfinanciamiento, Acemi y la ANDI explicaron que el sistema de salud se financia con cotizaciones directas de los trabajadores e impuestos que pagan los colombianos.
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Sobre esto, el informe sostiene que “el Presupuesto General de la Nación es el que ha permitido el cierre financiero del sistema en los últimos años, esto porque las otras fuentes, tal como se ve de manera clara en el gráfico, se han mantenido estables”.
Lo anterior, señalan, significa que depende de los ministerios de Salud y de Hacienda “garantizar los recursos suficientes para el correcto funcionamiento del sistema”. No obstante, a su criterio “esto no ha sucedido” y señalan que después de la pandemia del covid-19 y la crisis que vive el sistema actualmente es “el producto de un cálculo insuficiente de la unidad de pago por capitación (UPC), que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema de salud”.
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Así mismo, agregan a esto “la inoportunidad en el pago de Presupuestos Máximos (PM), que es una figura que se creó para financiar el pago de servicios y tecnologías no contemplados en la UPC”, en la que entran medicamentos de alto costo para el tratamiento de pacientes.
Sobre esto, los gremios aprecian que si “los costos de los servicios superan a los ingresos por UPC y PM, lógicamente no hay espacio para el reconocimiento de los gastos operativos y administrativos y se erosiona el patrimonio y las reservas”.
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Los gremios fueron enfáticos en que en los años 2021, 2022 y 2023, la UPC no fue suficiente para cubrir los gastos en salud de la población, así como tampoco hubo plata para cubrir los gastos de operación y administrativos de los aseguradores.
“En 2023, por ejemplo, por cada $100 que se recibieron por UPC, se usaron esos mismos $100 en gasto en salud y fue necesario que las EPS pusieran de sus patrimonios y reservas, $2,5 pesos adicionales para cubrir otros gastos”, señalaron.
A esto añadieron que la situación financiera se ha agravado por la insuficiencia e inoportunidad en el pago de PM, deuda que a la fecha, dijeron, asciende a los $2,6 billones de pesos.
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“Reiteramos que, si todas las fuentes de financiamiento son constantes y el gasto es creciente, el aporte del Presupuesto General de la Nación debe crecer a la tasa que requiera el gasto”, sostienen.
Frente a esto, Acemi y la ANDI criticaron que el aporte del presupuesto general de la Nación al aseguramiento en 2024 “en términos reales tuvo un crecimiento negativo, al tiempo que el costo de las obligaciones aumenta en términos reales”. Sobre esto, aseguraron que esos recursos están destinados a “tener un colapso”.
Por otro lado, sostuvieron que “si la UPC es insuficiente y el giro de los recursos no es oportuno, eso se refleja en el deterioro del patrimonio de las EPS y en el descalce de las reservas”.
En ese sentido, manifestaron que si a esto se le suma demora en los pagos de presupuestos máximos “se genera un problema de flujo de caja que tiene como consecuencia principal que se dilaten los plazos a proveedores de servicios y tecnologías”, lo cual pone en el riesgo el funcionamiento de la cadena de prestación de servicios para pacientes crónicos y de alto costo.
Así las cosas, plantean que esto y la presión de gastos por la alta demanda de servicios de salud, sumado a los retrasos “voluntarios o involuntarios” por parte del Estado en el giro de la plata, “conduce indefectiblemente al colapso y la crisis”.
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En el foro participaron la presidenta ejecutiva de Acemi, Ana María Vesga, y el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master. Como conclusión, plantearon que es necesario entender el cómo funciona el financiamiento del sistema de salud, así como los conceptos básicos contables de las EPS y los gastos de servicios en salud que están con cargo a la UPC y los presupuestos máximos.
Si entender lo anterior, para los dos dirigentes, da pie a interpretaciones equivocadas e imprecisas, que se suma a la “situación de incertidumbre por la cual está atravesando el sector”.
“En medio de este debate, la pregunta ha sido si Eps sí o Eps no: con eso no se soluciona el problema estructural del sistema que hoy es el financiamiento”, afirmó Vesga.
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“No hay la menor duda que el sistema no ha tenido los suficientes recursos para atender sus necesidades. Es una responsabilidad de las autoridades poder garantizar el correcto flujo de los recursos”, sostuvo Mac Master.
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