El exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, hizo una afirmación que podría cambiar el rumbo del caso de extorsión hacia el canciller suspendido Álvaro Leyva.
Ante los micrófonos de W Radio, Salazar dijo que quien dio la orden de pagar la suma de dinero a cambio de la información que tenía el extorsionista no fue la Fiscalía General de la Nación, como dijo Leyva en su momento, sino la Presidencia de la República.
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“El doctor Leyva después de que puso el tema en conocimiento de la Fiscalía me hizo el comentario sobre la estafa y él me dijo que cuando le empezaron a solicitar el dinero él acudió a la presidencia de la República y ahí le dieron instrucción a una funcionaria de Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de efectuar el pago”, dijo Salazar.
La nueva información es delicada en el sentido de que no es lo mismo que la Fiscalía, siendo un ente judicial, hubiera aprobado el pago, a que lo hubiera hecho el Gobierno Nacional, pues se habría podido constituir en un delito.
Además, las fechas tampoco coinciden con la teoría de que Leyva denunció los hechos ante la Fiscalía y luego procedió al pago.
Según un derecho de petición que le respondió el ente acusador a Caracol Radio, los pagos al extorsionista se realizaron el 2 de febrero de 2024 y apenas cinco días después, el 7 de febrero de este mismo año, fue que el canciller Leyva denunció los hechos y pidió seguimiento de la Fiscalía al caso.
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Como es bien sabido, Leyva dijo que un hombre que se hizo pasar como un trabajador de confianza de Thomas Greg and Sons le ofreció información importante sobre la millonaria licitación de pasaportes y otras contrataciones a cambio de que le enviara 30 millones de pesos.
El canciller, que vio como pruebas supuestos chats con congresistas y personas muy importantes dentro de la licitación, terminó efectuando el pago a una cuenta personal de Bancolombia.
Sin embargo, el supuesto informante luego empezó a evadir el tema de conversación y no entregó ninguna información. Al contrario, empezó a extorsionar a Leyva diciendo que si no consignaba otra suma de dinero más revelaría ante la opinión pública que él había pagado por información que involucrara a Thomas.
Dicho eso, todo parece indicar que en realidad Leyva sí creyó que la fuente tenía información relevante y, por eso, buscó que Presidencia ordenara el pago.
Si ese fue el caso, el suspendido canciller quedaría muy mal parado porque significaría que un alto funcionario del Estado se dejó extorsionar de un hombre que ofrecía información, al parecer falsa, a cambio de un millonario soborno.
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Esas movidas, además, habrían cobrado las cabezas de los máximos directivos de la Dirección Nacional de Inteligencia, cuyos relevos pidió el presidente Gustavo Petro la semana pasada.
Finalizando su entrevista con la W, Salazar también reveló que funcionarios de la Contraloría General de la República acudieron a su despacho cuando aún era secretario general para averiguar si la Cancillería había tenido algo que ver en la autorización del pago al estafador.
“Yo respondí que el Ministerio del Exterior no había entregado ni un solo peso porque yo tenía la absoluta certeza de que no había salido ningún recurso físico ni económico para atender esta situación”, aseguró Salazar, quien dijo sentirse conmovido por esa situación en que se ponía en duda la actuación de la Cancillería.
Como es bien sabido, Salazar era el secretario general y uno de los hombres de confianza de Leyva. Sin embargo, fue declarado insubsistente luego de que le adjudicara la millonaria licitación de pasaportes a Thomas Greg and Sons sin el consentimiento de sus superiores y del presidente Petro.
Por ahora, Salazar sigue argumentando que su adjudicación fue legal y que debe respetarse si la Nación no quiere verse involucrada en nuevas demandas.
