La relación entre ambos dirigentes pasa por su peor momento y no hay indicios de diálogo.
Atrás quedaron los tiempos en los que el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa –muy a pesar de sus disparidades de antaño– se sentaban a hablar y zanjar diferencias en tono conciliador. Ahora es la tensión y los señalamientos mutuos los que marcan el derrotero de una relación cada vez más conflictiva entre dos de las cabezas más importantes del Estado colombiano.
Muestra del deterioro de esa relación –y también del nivel de pugnacidad que empantana cualquier puerta al diálogo– es el tire y afloje que ha desatado la controvertida ley con la que el Presidente le apuesta al sometimiento y desarticulación de organizaciones delincuenciales dedicadas al narcotráfico, todo bajo la sombrilla de la paz total. En contraste, para Barbosa no es más que un “festín” de corrupción con visos de impunidad.
Sin mención explícita al proyecto, durante un seminario sobre lucha contra el narcotráfico y lavado de activos en República Dominicana, Barbosa arreció en sus reparos y reclamó que el actual gobierno “ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia”. Acto seguido, a modo de pulla, aseguró que anualmente están saliendo del país hasta 1.500 toneladas de clorhidrato de cocaína, mientras se acentúan otras actividades criminales como la minería ilegal.
La respuesta a semejantes señalamientos no se hizo esperar y este miércoles –desde su tribuna favorita, Twitter–, Petro calificó la acusación como “una verdadera calumnia” y explicó que no se está proponiendo legalizar la cocaína. “El fiscal confunde campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes. Por eso, las cárceles se llenan de campesinos y los narcotraficantes se pasean en helicópteros”, declaró.
Apenas la semana pasada el propio Barbosa –el mismo a quien Petro le encomendó investigar a su hijo, Nicolás Petro, y su hermano, Juan Fernando Petro–, levantó polvareda cuando, al evocar los años más cruentos de violencia y narcotráfico, manifestó que “Pablo Escobar estaría feliz con esta ley de sometimiento, el Cartel de Cali estaría feliz (...) Están ensuciando la dignidad de este país”.
No obstante, la ley de narcobandas no es el único frente que inquieta el fiscal. Por un lado, días después de que Petro rompió el frustrado cese bilateral que sostenía con el Clan del Golfo, Barbosa advirtió por una “situación de inoperatividad de la Fuerza Pública” y calificó el alto al fuego como un atentado “contra la institucionalidad y el orden público”.
Por otro lado, el fiscal prendió las alarmas por al menos siete “micos” que terminaron colgados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y que, desde su perspectiva, favorecerían no solo los contratos a dedo –lo que aumentaría la criminalidad–, sino que también generarían falta de controles al repartir el presupuesto, y flaquezas en materia de transparencia.
Aunque Petro no contestó directamente, replicó y aprovechó para sacarse una espinita de principios de año, cuando Barbosa canceló una mesa de trabajo con el Gobierno para hacerle frente a la corrupción que encontró en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que maneja los bienes incautados a la mafia. Según el jefe de Estado, en lugar de “callar” a los capturados responsables por hechos de corrupción, la Fiscalía “debería pedirles la verdad”.
El papel que ha asumido el fiscal Francisco Barbosa como ferviente defensor de la institucionalidad tiene diferentes interpretaciones y matices. Mientras para algunos está haciendo las veces de garante del sistema de pesos y contrapesos, otros lo ven como un palo en la rueda del gobierno Petro con propósitos políticos.
“Barbosa calumnia e injuria al país y al Gobierno en un foro internacional. Eso se llama traición a la patria”, sostuvo desde el petrismo el senador Iván Cepeda. “Utiliza la Fiscalía como trampolín político”, dijo a su turno la senadora María José Pizarro.
Desde otra óptica, dirigentes como el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, han defendido que el fiscal “es quien hoy sostiene el Estado de Derecho en Colombia. El país debe rodearlo”.
Al margen de la lectura que cada sector haga del comportamiento tanto del fiscal como del Presidente, lo cierto es que Petro y Barbosa –como demanda la Constitución– está llamados a articularse para trabajar de manera armónica y afianzar sus relaciones de cooperación y coordinación. ¿Se impondrán las rencillas y polémicas?
Las citas que tuvieron
1 El primer encuentro fue el 23 de agosto, tras la llegada de Petro a la Casa de Nariño. En ese entonces, el fiscal destacó el “trabajo armónico” entre ambos y aseguró que no sería “un obstáculo para el ejercicio de gobierno del Presidente”.
2 La segunda reunión se realizó a mediados de diciembre, en medio de la controversia por el “aguinaldo” de Petro a procesados de la Primera Línea. Acordaron que serían los jueces de la República los encargados de tomar decisiones.
3 A finales de enero, se encontraron y hablaron sobre el impacto de los ceses al fuego planteados por Petro. Barbosa alertó por los bajos resultados frente a la incautación de cocaína y destrucción de cultivos ilícitos.
4 El último encuentro, el 20 de febrero, tuvo como foco los acercamientos con narcobandas y la ley de sometimiento.
