El excandidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez cuestionó, a través de redes sociales, la nueva sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación, que en fallo de primera instancia lo inhabilitó por 10 años, por haber participado indebidamente en campaña política cuando, en 2019, siendo alcalde de Bucaramanga, respaldó la candidatura de Juan Carlos Cárdenas, quien terminó siendo su sucesor.
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Según el exalcalde, esta nueva sanción disciplinaria en su contra también se caerá en los estrados judiciales, ya que, desde su teoría, el Ministerio Público no puede sancionar a funcionarios de elección popular, como lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Otro fallo que se les caerá; lo saben, pero lo hacen, solo porque los combatí”, afirmó Hernández en su cuenta de X (antes Twitter).
Agregó además que el motivo del fallo es por “haber atacado la politiquería”, postura que por poco lo hace presidente.
“El Sistema no me perdona el haber atacado la politiquería, demostrando que con el 5% de lo que ellos gastaron en campaña, pasé a segunda vuelta, y por poco les gano la Presidencia de Colombia”, escribió.
El exsenador hace referencia al más reciente fallo del Consejo de Estado que semanas atrás anuló la sanción que en 2023 la misma Procuraduría le había impuesto inhabilitando para participar en las elecciones locales de ese año por haber golpeado al exconcejal de Bucaramanga, Jhon Jairo Claro, en julio de 2019. Esa amonestación por incumplir con el respeto y dignidad del cabildante, dejó a Hernández con una suspensión del cargo y una inhabilidad de 8 meses.
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“A la luz de la jurisprudencia decantada en el caso Petro Urrego vs Colombia, para esta Sala de subsección es claro que la normativa colombiana (Ley 734 de 2002) que facultaba a la Procuraduría General de la Nación para destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular estuvo viciada de ilegalidad, desde sus orígenes”, concluyó el fallo del Consejo de Estado.
El fallo también señala que la anulación de la sanción se dio “por ser contraria a los postulados consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que es manifiesta la falta de competencia de una autoridad administrativa para restringir los derechos políticos de aquellos funcionarios que fueron elegidos democráticamente”.
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En ese sentido también se pronunció el presidente Gustavo Petro en X, quien aseguró, tras el anuncio de la Procuraduría sobre Hernández, que el Ministerio Público “no puede quitar derechos políticos, está violando la convención americana de derechos humanos”.