El Ministerio de Relaciones Exteriores echó para atrás la adjudicación del contrato para la fabricación de pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons, que el entonces secretario general, José Antonio Salazar, firmó en febrero pasado.
Esa adjudicación fue cuestionada y calificada por el propio Gobierno como una traición a lo que había hecho meses antes Álvaro Leyva de declarar desierta la licitación debido a presuntas irregularidades en el proceso de convocatoria.
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“Una vez realizados los análisis jurídicos correspondientes, hemos revocado las resoluciones expedidas por el anterior secretario general de la Cancillería, las cuales fueron emitidas por fuera de todo marco legal. Esto, en aras de garantizar el principio de legalidad y los principios constitucionales de la función administrativa”, se lee en el comunicado de la entidad, conocido en la tarde de este jueves 28 de marzo.
Los hechos se remontan al pasado 26 de febrero. Para ese momento, el secretario Salazar firmó tres resoluciones en las que le entregó el contrato de pasaportes a Thomas Greg, actual operador. Su decisión desencadenó que el presidente Gustavo Petro lo declara insubsistente y ordenara investigarlo.
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“El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse”, escribió Petro en ese entonces.
En este contexto, este jueves, casi un mes después de esos hechos, se conoció la nueva decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores desde donde también informaron que en articulación con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado han presentado las denuncias correspondientes para que las autoridades competentes investiguen la presunta comisión de delitos asociados a la expedición de dichos actos administrativos.
