La idea de revivir una mesa de paz con las antiguas autodefensas paramilitares levantó ampolla en la opinión pública.
La división está entre quienes creen que sería una bofetada para el proceso de Justicia y Paz y los que piensan que esos grupos ilegales todavía tienen un rol que cumplir en el conflicto.
Justo después de que el presidente Gustavo Petro intercambió su sombrero vueltiao con el excomandante Salvatore Mancuso, el pasado jueves, propuso revivir las mesas de conversaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Lea más: Duro choque entre Petro y el exfiscal Barbosa por entrega de tierras de paramilitares a las víctimas, ¿quién tiene la razón?
De esa intención todavía no se conocen mayores detalles; sin embargo, ya desató polémica por las implicaciones que tendría reciclar ese proceso de desmovilización que ocurrió entre 2003 y 2006.
“Propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe con ustedes. Esta vez, sin traición, esta vez, sin miedo a la verdad, que creo que existía en esa época. Esta vez, para que el benefactor de ese proceso sea el pueblo humilde, campesino en general, de Colombia”, señaló Petro mientras se dirigía a Mancuso.
Las declaraciones del presidente ocurrieron en medio de la entrega de 8.430 hectáreas de tierras a campesinos en Córdoba, donde la mayoría de los predios pertenecieron en su momento a alias “Macaco”, “Nico” y “Cuco Vanoy”.
La intención de las conversaciones, señaló el jefe de Estado, sería imprimirle el acelerador a la entrega de bienes de los exparamilitares a las víctimas del conflicto. Los gestores de paz en este proceso serían los excomandantes Mancuso, “Jorge 40” y “Macaco”.
“Esos mismos que los aplaudieron, los pusieron en un avión encadenados, esposados, y se los llevaron a una justicia extranjera. Los traicionaron y la paz no se hace con traiciones. La paz se hace con la palabra puesta sobre la mesa”, añadió el presidente, recordando la extradición de los excomandante a Estados Unidos, ocurrida en 2008.
De este modo, los exparamilitares –aunque ya desarmados– serían otro actor que se suma al proyecto de la “paz total”. Mancuso, quien está libre desde el 10 de julio pasado porque fue designado gestor de paz, apoyó de inmediato la propuesta de diálogo.
Entérese: Mancuso salió de Córdoba como verdugo y 15 años después regresó como gestor de paz: así lo recibió el presidente Petro
Gestiones precedentes
El estrechón de manos del jefe de Estado y Mancuso no es un gesto fortuito, sino el colofón de una serie de gestiones que comenzaron los exparamilitares apenas Petro llegó al poder, en agosto de 2022.
El excomandante de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, Diego Murillo (“don Berna”), le envió una carta poniéndose a la orden para el proyecto de “paz total” y planteando la idea de la repatriación para apoyar los procesos de verdad, dado que está encarcelado en EE.UU.
Cinco meses después, Pablo Sierra (“Alberto Guerrero”), exjefe del bloque Cacique Pipintá de las AUC, ofreció el desarme de 100 excombatientes que volvieron a las armas, a cambio de una oportunidad en la “paz total”, y le propuso al Gobierno revivir el debate sobre la sedición en el país.
En enero de 2023, Jaime Angulo, condenado financista de las AUC y presidente de la Mesa de Paz Total de la cárcel de Cómbita, entregó 250 hectáreas de tierra a familias campesinas de Ituango, Antioquia; y luego fue Mancuso el que ofreció información para ubicar fosas comunes en la frontera con Venezuela.
Ahora, la propuesta de los paramilitares es que todos sus excomandantes sean nombrados gestores de paz, incluso los que están en EE. UU. El Gobierno, al parecer, prepara un decreto para darle viabilidad a ese plan, aunque no han faltado los debates internos sobre qué comandantes serían nombrados y cuáles no.
¿Qué tan viable es esa mesa?
“El proceso de Justicia y Paz fue inconcluso, con 18 años de funcionamiento. No solo no resolvió las necesidades de las víctimas, sino que trajo como consecuencia el surgimiento de nuevos actores armados, como las bandas criminales”, señaló el penalista Michel Pineda, quien se mostró de acuerdo con la idea de Petro.
Para saber más: Así será la vida de Salvatore Mancuso en libertad
Pineda es presidente de la ONG Compromiso Colombia, asesor jurídico de “don Berna” y de las estructuras que participan en los diálogos sociojurídicos del Valle de Aburrá. Desde su perspectiva, para instalar esa nueva mesa con las antiguas AUC se requiere crear una nueva legislación, “porque se ha demostrado que la JEP tampoco es el escenario para resolver jurídicamente los conflictos del país”.
Para construir ese marco legal, “se necesitan los decretos presidenciales pertinentes y el trámite de una ley en el Congreso para ese fin. Pero más allá de eso, se necesita que haya una interacción directa de estos y otros actores del conflicto con el Comisionado de Paz, para que no surjan nuevos conflictos, que con su presencia pueden evitarse”, resaltó.
El abogado constitucionalista, docente universitario y experto en conflicto, Andrés Úsuga, tiene una opinión jurídica distinta. Según él, no es necesario crear más jurisprudencia, “el presidente puede valerse del artículo 22 de la Constitución (la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento) y de la ley de Paz Total (2272 de 2022)”.
Úsuga no acepta el concepto de “darle un cierre a justicia y paz”, porque “los máximos responsables de las AUC ya pagaron condenas en Colombia y en Estados Unidos, ¿qué más se necesita?”.A su juicio, las complicaciones de reinstalar una mesa de paz con las AUC no son jurídicas, sino políticas. “Da la impresión de que al Gobierno le interesa revivir el tema de los diálogos con la AUC para presionar a sus opositores, como diciéndoles, ‘esta gente con nosotros sí va a contar toda la verdad’. Y los exparamilitares que todavía siguen presos se van a regalar a decir lo que sea con tal de recibir los beneficios legales”.
Tribunales de “cierre”
El llamado a reinstalar la mesa de paz ocurrió justo después de que Mancuso denunciara que 400 bienes que entregó para reparar a las víctimas están “perdidos”.
Pero sus afirmaciones fueron imprecisas. El portal Verdad Abierta encontró que los bienes que pertenecieron al criminal fueron restituidos, otros están en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas, algunos más están en el Fondo de Reparación a las Víctimas y hay nueve en trámite de extinción de dominio.
Además: Petro y Antonio García cruzan trinos sobre el futuro de los golpeados diálogos con el ELN
Las pretensiones de Petro también coinciden con la insistencia del Gobierno de crear un “tribunal de cierre” para acoger a los distintos actores del conflicto que no han alcanzado a comparecer en las justicias transicionales de Justicia y Paz o de la JEP.
Otty Patiño, el consejero comisionado de paz, había reconocido que desde el Gobierno conversaban con la fiscal General para buscar la manera en la que la justicia ordinaria, eventualmente, pudiera ser la receptora de este proceso.
“Todas esas justicias especiales son justicias transicionales, pero que también deberían ser transitorias. A veces la tendencia es a que se vuelvan eternas y eso, en últimas, debilita a la justicia ordinaria y no genera satisfacción por parte de quienes acudieron a esa justicia transicional”, había dicho Patiño.
Una de las críticas del presidente a la justicia transicional tiene que ver con que son “lentas” en llegar a los fallos condenatorios y, de ese modo, se compromete el derecho a la verdad de las víctimas.
En las pasadas conversaciones de paz con los paramilitares, fueron cerca de 40.000 hombres quienes dejaron las armas y solo 4.600 se postularon a los beneficios de justicia y paz. Ese Tribunal tiene su cierre en 2025 y, si Petro quiere revivir la mesa con ese grupo, tendría que rediseñar un nuevo marco jurídico. Sería un trabajo en doble vía porque, por ahora, tampoco tiene uno que garantice el sometimiento de las bandas criminales con las que permanece en negociaciones.
Siga leyendo: Construir paz a través de la música, una apuesta del gobierno nacional
