Pasadas 24 horas de la radicación del proyecto que le apuesta a reducir el salario de los congresistas colombianos –de autoría del senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con respaldo de casi 60 parlamentarios–, se han ido conociendo reparos que pondrían a tambalear la iniciativa.
En concreto, se trata de cuestionamientos frente a un inciso del proyecto, que indica no solo que la remuneración mensual de los congresistas no podrá superar 20 salarios mínimos mensuales –pasando hoy de $48 millones a $31 millones–, sino que indica que la remuneración de los demás funcionarios ya no se calculará con base en el salario de congresistas, sino de lo que devengue el presidente de la República.
Según reclamaron figuras como el periodista Melquisedec Torres, la iniciativa podría ser “peor que la enfermedad” en la medida en que, aunque bajaría el salario de los congresistas, subiría exponencialmente lo que devenguen los funcionarios públicos al hacerse el cálculo con lo que gana el presidente.
“Hoy el salario del presidente está amarrado al de los congresistas, con el doble de gastos de representación para el presidente. Los salarios de otros altos funcionarios, del Ejecutivo y de la Rama Judicial, hoy tienen como base el de los congresistas (que es menor al del presidente). El proyecto ordena que estos altos salarios tengan como base al del presidente, que es más alto que el de los congresistas”, reclamó.
A ello se suman reparos porque el proyecto comenzaría a regir a partir de julio de 2026 (cuando los actuales congresistas concluyen su periodo) y no de manera inmediata. Sin embargo, la propia iniciativa trae consigo un
parágrafo que indica que, de manera voluntaria, los congresistas que así lo quieran podrán autorizar la reducción tan pronto se apruebe el proyecto.
Ante las críticas, el senador Cepeda habló con EL COLOMBIANO y alegó que las críticas no tendrían fundamento, en la medida en que el cálculo sí sería sobre el salario del presidente, pero sin tener en cuenta sus gastos de representación. “Eso no se dice por ninguna parte”, manifestó.
Frente a la entrada en vigencia del proyecto, el congresista defendió que se determinó que sea hasta julio de 2026 dado que se ha visto que en el trámite de otras iniciativas de esta naturaleza “muchos congresistas se excusan para no votar el proyecto por impedimentos diciendo que legislan en causa propia. Si es desde 2026 ya no lo estarían haciendo en causa propia e incluso, pueden acogerse voluntariamente”.
Aunque se declaró abierto a corregir cualquier modificación a la que haya lugar, Cepeda sostuvo que este tipo de críticas eran de esperarse en tanto implica modificar un régimen de privilegios. “Esto apenas está comenzando. Habrá otras críticas, ya hemos escuchado de toda clase, pero hay algunas que son francamente mentiras”.