La Agencia Jurídica del Estado (Andje) le envió a la Procuraduría un detallado comunicado en el que específica los lineamientos para la imposición de sanciones disciplinarias a funcionarios.
Lo que para algunos se trata de una especie de jalón de orejas que puede estar relacionado con la sanción impuesta recientemente al canciller Álvaro Leyva por parte del Ministerio Público, por posibles irregularidades en la licitación para la expedición de pasaportes en el país.
La motivación, según se puede leer en el comunicado de 13 páginas, está en que a corte del 9 de junio de 2023, la Andje encontró que existía un total de 5.772 procesos con pretensiones de 1,5 billones aproximadamente, por la causa denominada “ilegalidad de acto administrativo que impone sanciones disciplinarias”. De este total, 2.466 se encuentran activos y del resto, ya terminados, el 72% fueron fallos favorables al Estado, mientras que el 12% de las sentencias fue desfavorable.
Pero, a pesar de que la mayoría de los casos han sido favorables para el Estadio, la Agencia señaló que identificó una problemática concreta derivada de la causa por ilegalidad de acto administrativo que impone sanciones disciplinarias, relacionada con la proporcionalidad de este tipo de sanciones, específicamente, cuando son impuestas por la Procuraduría General de la Nación.
Según la Agencia, el Ministerio Público es la segunda entidad con más demandas por esa causa con 1.510 procesos, dentro de los cuales 549 están activos.
“En la revisión de las sentencias (en procesos terminados) y de las demandas (en procesos activos) de los últimos tres años (2020-2023) se pudo establecer que una de las causas recurrentes en sentencias desfavorables y demandas activas hace referencia a la proporcionalidad en la imposición de sanciones disciplinarias”, explicó más adelante la Andje.
En las conclusiones del documento, la Andje le señala a la Procuraduría cinco puntos importantes para aplicar dichas sanciones. Primero que, el principio de proporcionalidad tiene como propósito generar coherencia entre las conductas de una falta disciplinaria y los efectos de la sanción; según, que la culpabilidad es fundamental para establecer el principio de proporcionalidad y motor para establecer la sanción.
También le indica que la proporcionalidad implica que la sanción no pierda su correlación con la gravedad de la conducta. Además, que es necesaria una motivación adecuada del acto sancionatorio; y que la sanción debe ser impuesta después de la valoración de los elementos probatorios, con el fin de brindar seguridad jurídica al servidor público.
El documento está firmado por Paula Robledo Silva, la directora General (e) de la Agencia, quien llegó después de la salida abrupta de Martha Lucía Zamora, precisamente, en medio del choque con el sancionado canciller Leyva.
