El embrollo es simple: para incluir la iniciativa en el orden del día eran necesarias las firmas de dos de los tres miembros de la mesa directiva. Allí se cuentan el presidente de la Corporación, Jaime Raúl Salamanca –de la Alianza Verde, pero afín a los proyectos del Gobierno–; el primer vicepresidente Jorge Rodrigo Tovar, de las curules de víctimas, y la segunda vicepresidenta, la representante de oposición Lina María Garrido (Cambio Radical).
Aunque Tovar y Garrido habían logrado ponerse de acuerdo en las últimas semanas para mantener en pausa el proyecto, finalmente el primer vicepresidente cedió. Entre otras, Tovar pedía que para iniciar el debate el Ministerio de Salud cumpliera con recientes órdenes que emitió la Corte Constitucional frente a la revisión y ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el dinero que gira el Ejecutivo para que las EPS cubran la atención en salud de sus afiliados.
En esa línea, al defender su cambio de opinión, Tovar manifestó que el Ministerio está comenzando a acatar las órdenes de la Corte y, como primera medida, creó una mesa de trabajo para revisar el valor de la UPC en 2024, así como eventuales rezagos en 2021, 2022 y 2023.
“Se retomará la discusión de la reforma luego de lograr que el Ministerio de Salud acatara las órdenes de la Corte Constitucional; que se aprobaran proyectos de ley muy importantes de colegas que se encontraban represados como: honorarios justos para concejales, ley Ángel, ampliación de municipios PDET, entre otros. Por último, las bancadas, en su mayoría, solicitaron que se continuara el debate” explicó el congresista.
De acuerdo con el primer vicepresidente, la rama legislativa es un órgano independiente y su deber como miembro de la mesa directiva “es hacer que esto se cumpla a cabalidad. Los tiempos en la Cámara los manejaremos los congresistas, no el Gobierno”, explicó.
Otra fue la postura de la representante Garrido, quien ratificó que no firmó el orden del día de este martes y que aún seguía pendiente el aval fiscal del proyecto. “No firmaré mientras el Ministerio de Salud y el presidente Gustavo Petro sigan burlándose de la Corte Constitucional y mientras el Ministerio de Hacienda no entregue un aval fiscal claro, transparente y responsable”.
Según la congresista, Hacienda presentó un concepto “chimbo” que permite una falsa viabilidad financiera. “El Ministerio afirma que el 11 de septiembre de 2024 emitió ‘consideraciones fiscales’ sobre la reforma, pero en ningún lado menciona un aval fiscal. Lo más grave es que en ese documento deja claro lo siguiente: la reforma de Petro es viable financieramente, sí y solo sí el Ministerio de Salud paga todas sus deudas que tiene con el sector con corte a diciembre de 2024”, sostuvo Garrido.
En esa línea, la segunda vicepresidenta advirtió que, a diciembre de 2024, el Ministerio de Salud tiene deudas superiores a $7 billones por el déficit de la UPC y por el no pago de los Presupuestos Máximos. Además, para 2025 la deuda asciende a $14 billones.
“El sistema de salud de Colombia siempre ha vivido alcanzado, pero nunca había llegado a niveles tan extremos de deuda. Esto se presenta por una razón: el Ministerio de Salud está malgastando la plata de la salud en otro temas ajenos a la prestación del servicio”, agregó Garrido, señalando que el Gobierno miente y que no hay aval fiscal real. “Lo que hay es una bomba financiera que el Gobierno quiere tapar”, precisó.
Por su parte, el presidente Salamanca se limitó a decir que se retomará el debate “con todas las garantías para aportar a la salud de las y los colombianos”. Defendió, además, que de los 30 artículos aprobados de la reforma en segundo debate, a 28 artículos “la Plenaria le ha incorporado cambios a través de proposiciones acogidas por ponentes y por equipo técnico del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo”.