La ponencia le propina un golpe a la idea inicial del Gobierno Petro que, para dejar de lado el origen político de los magistrados, proponía que su elección la hicieran las altas cortes. Hay más cambios: se propone el voto obligatorio.
Justo en medio de la polvareda política por cuenta de la investigación que le abrió el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña de Gustavo Petro, este miércoles fue radicada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes la ponencia de la reforma política del Gobierno Nacional.
Entre otras, el documento trae un cambio sustancial frente al proyecto original del Ejecutivo: se propone que los magistrados sigan siendo elegidos por el Congreso de la República, pero ya no los nominarían los partidos, sino que serían escogidos a través de una convocatoria pública.
En la iniciativa que inicialmente presentó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se proponía que, para garantizar una autoridad electoral independiente, los magistrados fueran elegidos por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. La selección se hacía mediante concursos públicos.
Todo esto, para hacerle el quite a fuerzas políticas y, según dijo Cristo, “asegurar un proceso electoral transparente y confiable. Al eliminar la influencia directa de los partidos sobre la autoridad electoral, se busca mayor imparcialidad y confianza ciudadana en los resultados”.
Sin embargo, según explicó el representante Carlos Felipe Quintero (Partido Liberal), se busca que a través de una convocatoria “se establezcan los requisitos y exámenes de estos magistrados, y sea el Congreso quien elija después de esta convocatoria pública”.
Incluso, el congresista anunció que buscarán establecer el voto obligatorio: “Consideramos que en Colombia es necesario ese voto obligatorio para evitar tanta corrupción al sufragante y tanta compra de votos, que es lo que nosotros hemos criticado”.
Por otro lado, el proyecto le cierra la puerta al transfuguismo, tal como dijo el ministro en una entrevista reciente con EL COLOMBIANO, quien aseguró que no le caminaría a la idea de que, por una única vez, los congresistas, diputados o concejales puedan cambiar de partido político sin sanción alguna.
En la ponencia se ratifica que “los ciudadanos que pertenezcan o estén afiliados a un partido o movimiento político deberán renunciar al menos doce (12) meses antes del primer día de la fecha de inscripción, si pretende inscribirse por otro partido o movimiento político distinto al que pertenece o este afiliado”.
El documento también trae cambios frente a las condiciones para obtener la personería jurídica. Si bien inicialmente se planteó que bastaba contar con el respaldo del 1 % del censo electoral en las elecciones para darle reconocimiento legal a un partido –lo que implica financiación estatal y espacio en medios–, se resolvió mantener ese umbral en el 3 %, como está establecido actualmente.
Sin embargo, en la ponencia se mantiene el controvertido articulado que permitía mantener la personería jurídica a partidos siempre y cuando cuenten con una base de afiliados o militantes que sea de al menos el 0,2 % del censo electoral, es decir, alrededor de 80.000 afiliados.
“El Gobierno le quiere regalar la personería jurídica por 4 años a todos los partidos y movimientos actuales, sin importar que no cumplan los requisitos de umbral en 2026. Un regalo a todos los partidos que conforman el Pacto Histórico”, alertó en su momento la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático).
Eso sí, los ponentes eliminaron el parágrafo que señalaba que “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica conservarán la totalidad de los derechos que reconozcan la Constitución y la ley a estas organizaciones sin necesidad de obtener, dentro de los próximos 4 años, el mínimo de votos y afiliados previsto en este artículo”.
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En la ponencia se mantiene el artículo que establece que la financiación de las campañas será 100 % estatal y la obligatoriedad de las listas cerradas para las elecciones pluripersonales, que son en las que se presentan varios candidatos por partido para ocupar asientos en corporaciones como el Congreso de la República.
