La iniciativa debe estar aprobada antes del 20 de junio y surtir etapas en Cámara que en Senado se tardaron casi medio año. Este es el cronograma legislativo.
No fue la oposición, la fuerza de los argumentos, una decisión judicial o un hecho fortuito. Hoy la reforma pensional –otra de las iniciativas del corazón del petrismo–, amenaza con terminar archivada ante la premura de los tiempos del Congreso.
Aun cuando cuenta con mayorías, grandes escuderos, y superó un accidentado trámite en Senado, el proyecto –que ya fue aprobado en sus primeros dos debates–, corre el riesgo de quedar estancado en la Cámara de Representantes.
¿La razón? La norma indica que si de acá al 20 de junio –cuando concluye el periodo legislativo–, no se discute la reforma en sus dos últimos debates será archivada.
Y si bien los tiempos no dejan de ser apretados, las polémicas que rodean el ‘Gobierno del cambio’ influyeron para poner la iniciativa en el congelador. Por cuenta del escándalo sobre presuntas coimas y corrupción para el trámite de las reformas –que salpican a los presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente–, esta semana el Ejecutivo no tuvo de otra que frenar los proyectos a la espera de que baje la marea.
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Además, tuvo éxito una proposición del representante José Jaime Uscátegui (Centro Democrático) que pidió excluir del orden del día los proyectos del Gobierno.
Al margen de ello, lo cierto es que cada día cuenta y aquel refrán que reza que “el tiempo vale oro” retumba con cada vez más fuerza en la Casa de Nariño. Según el cronograma legislativo, la reforma debe ser aprobada por la Comisión Séptima de la Cámara en su tercer debate antes de dar el salto a la plenaria, donde afrontaría su cuarta y última discusión.
No obstante, en la Comisión primero deberán asignar ponentes, que tienen la tarea de radicar documentos en los que avalan, niegan o modifican lo aprobado por el Senado. En un escenario que no dejaría de ser atípico –aun cuando Petro tiene mayorías en esa célula legislativa–, el trámite podría durar hasta dos semanas, a lo que se sumaría otra semana mientras se resuelven impedimentos o proposiciones, para finalmente ser votada.
Es decir, siendo optimistas, el proyecto podría superar su tercer debate y quedar listo para la discusión en plenaria a principios de junio. A partir de allí comienza una maratónica carrera, pues en solo 20 días el proyecto deberá surtir las mismas etapas. Para dimensionar el desafío basta decir que todo ese trámite –la discusión en Comisión y luego en plenaria– le demandó al Senado más de medio año.
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Dejando de lado las recusaciones, proposiciones y toda suerte de recursos que –válidos en democracia–, usan sectores opositores para dilatar la discusión, hay que tener en cuenta otro factor. El proyecto deberá surtir la conciliación, en la que emisarios de Senado y Cámara se ponen de acuerdo para que el proyecto finalmente aprobado corresponda con lo que avalaron las mayorías de cada cámara.
“Eso sucede si hay textos distintos. Si no, no hay necesidad de conciliación”, explicó a este diario el representante petrista Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), de la Comisión Séptima.
Dicha conciliación parece un hecho si se tiene en cuenta que, tras su aprobación en el Senado, Petro cambió de opinión y anunció que –en contravía del acuerdo logrado con el Partido Liberal que permitió destrabar el proyecto–, buscará pasar de 2,3 a 4 salarios mínimos el umbral obligatorio para cotizar en Colpensiones. Se trata de la nuez del proyecto.
“El proyecto se debe aprobar hasta el 20 de junio. Y dado que en lo esencial de la reforma pensional se ha logrado acuerdo, considero que tenemos tiempo ajustado, pero es posible para aprobar una reforma que proteja a millones de colombianos”, declaró con optimismo el representante Mondragón.
Sin embargo, esta misma semana la representante María Eugenia Lopera (Liberal, con tendencia petrista), quien preside la Comisión, le admitió a EL COLOMBIANO que aún no se han nombrado ponentes: “Es algo propio de la mesa directiva. Estamos en eso”.
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Desde la independencia, el representante Víctor Salcedo (Partido de La U) –quien también hace parte de la Comisión Séptima–, alertó que “los tiempos muy cortos y muy medidos”. Según el congresista, el proyecto apenas llegó la semana pasada y aún no designan ponentes: “Sería muy apretada la discusión tanto en Comisión como en Plenaria”.
Un último camino que podría ser la solución a la carrera contrarreloj del Gobierno son las sesiones extras, en las que el propio Ejecutivo cita al Congreso para discutir determinadas iniciativas una vez concluyen las sesiones ordinarias. No obstante, dentro de la propia coalición de Gobierno hay dudas sobre esa alternativa.
“Hay toda una discusión jurídica allí, porque el Código Electoral anterior, no el que se está vigente, se cayó porque se aprobó fuera de los tiempos ordinarios del Congreso. Es susceptible que, si pasa así, demanden el proyecto y lo tumben”, explicó a este diario el representante Alejandro García, de la Alianza Verde.
“Lo veo difícil. Veo muy acortado y muy justo el tiempo, aunque no es imposible. Ahora, todo este escándalo de corrupción, pues dificulta también las cosas”, concluyó el representante.
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