Los ponentes de la iniciativa en el Senado acordaron retirar el polémico artículo 7 del proyecto, que da vía libre a que haya rebaja de penas para abusadores y agresores de menores de edad.
Con miras al inicio del debate de la reforma a la justicia en el Senado de la República, este martes se conoció que los ponentes del proyecto acordaron eliminar el controvertido artículo 7, que pretende reducir la pena a quienes admiten ser culpables de cometer homicidio o lesiones a niños, niñas y adolescentes.
Así lo anunció el senador de oposición Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), quien sostuvo que el retiro del artículo hace parte de los acuerdos a los que llegaron los ponentes de la reforma en la Comisión Primera del Senado.
“Son siete los temas que contempla la reforma a la justicia, y tenemos un acuerdo al interior de la coordinación de ponentes en el sentido de eliminar el artículo séptimo que pretendía conceder ciertos beneficios bajo precisos parámetros de colaboración o allanamiento cargos o lo que han llamado rebaja de penas frente a delitos atroces contra menores”, dijo Motoa.
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La semana pasada, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, sostuvo que “no tendría inconveniente” en retirar el controvertido artículo. Eso sí, reclamó que detrás se ha gestado una narrativa falsa según la cual se quiere favorecer a los delincuentes.
“Creo que es importante entender que hay gente que, a raíz de muchas cosas, piensa equivocadamente que se está favoreciendo la situación, cuando lo que se quiere es imponer una pena, pero no tendría ningún inconveniente (en retirar el artículo)”, manifestó la funcionaria.
En esa línea, la ministra de Justicia señaló que se buscan sanciones “reales”, pero particularmente que se combata la impunidad y se pueda avanzar en el esclarecimiento de hechos.
Según Motoa, no van a proceder beneficios cuando la persona capturada sea reincidente. “Si el delincuente ya ha cometido el delito durante los cinco años anteriores no puede proceder a la extinción de la acción penal”, aseguró.
El senador sostuvo que exigió la evaluación detallada sobre los delitos de extorsión, secuestro y financiación de terrorismo, que busca rebaja de penas sobre el principio de oportunidad y allanamiento a cargos.
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“Se establece una posibilidad de rebaja de pena siempre y cuando logren preacuerdo con la Fiscalía y esa colaboración sea eficaz para desmantelar organizaciones criminales que cometan delitos como terrorismo”, expresó.
Por último, se estableció un acuerdo para respaldar el tema de capturas en flagrancia. “Además la prueba anticipada se podrá utilizar durante un juicio y no se someterá a un nuevo procedimiento para evitar vencimiento de términos y algunas actuaciones de abogados que buscan dilatar los procesos en materia penal”, mencionó.
Este tipo de acuerdos hacen parte de lo que contendrá la ponencia, que sería radicada esta misma semana. Se prevé que la próxima semana inicie el debate en firme del proyecto.
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