Este martes, 8 de octubre, la ministra de Justicia, Ángela Buitrago; la fiscal Luz Adriana Camargo, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, radicaron la iniciativa que busca reformar la justicia.
El proyecto fue presentado ante el Senado de la República con el objetivo de reducir la impunidad, garantizar una justicia penal más pronta y eficaz que se ajuste a las necesidades de los ciudadanos y asegurar en todo momento los derechos de las víctimas. Esta iniciativa fue presentada como un producto de la concertación entre ambos sectores.
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Dentro de esta reforma se hacen algunos planteamientos como extinguir la acción penal y buscar la reparación integral a las víctimas, además de aplicar el principio de oportunidad y la posibilidad de que las personas capturadas en situación de flagrancia puedan recibir beneficios por allanamiento de cargos en similares condiciones que aquellos que no han sido aprehendidos en flagrancia.
De acuerdo con los ponentes de la reforma, esta iniciativa retomaría el espíritu original del sistema penal colombiano, restituyendo el equilibrio del Sistema Penal Oral Acusatorio y optimizar el funcionamiento del aparato judicial. Con la reforma se busca que un mayor porcentaje de casos pueda resolverse de manera rápida y eficiente, sin llegar a juicio, como es la tendencia en los modelos penales internacionales.
Según la Corte Suprema de Justicia, de los casos que ingresan al sistema de justicia penal, el 90 por ciento llegan a juicio, algo que es contrario, según este ente judicial, a los sistemas acusatorios modernos.
La reforma modificaría las leyes 599 de 2000, 906 de 2004, 1098 de 2006, 1121 del 2006 y 1453 de 2011, las cuales van enfocadas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y al Código de Infancia y Adolescencia. Los cambios irían relacionados “con la figura de la reparación integral, la concesión de beneficios por allanamientos y preacuerdos, y la aplicación del principio de oportunidad”, así lo dicta el documento presentado ante los congresistas.
El proyecto consta de 13 artículos en donde se proponen eliminaciones y cambios al código penal en donde se busca aumentar la reparación integral, la justicia premial, las pruebas anticipadas y modificaría la función de los jueces de control de garantías.
Otra de las propuestas de la reforma es conceder beneficios como la rebaja en la mita de la pena a personas imputadas de “delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes”.
“El eje central de este proyecto de reforma a la justicia es restablecer los mecanismos de justicia premial propios de un sistema de tendencia adversaria”, declaró en rueda de prensa el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, haciendo alusión a que una negociación no es sinónimo de impunidad.
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