Que se declaren responsables y sancionen por conductas restrictivas de la libre competencia económica durante el proyecto de infraestructura vial Ruta del Sol II a dos filiales de Odebrecht en América Latina, a dos empresas del Grupo Aval y a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. fue la recomendación de el delegado Juan Pablo Herrera Saavedra al superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto González.
En un informe motivado de 350 páginas el delegado pone en conocimiento del superintendente las pruebas recopiladas que muestran cómo estas empresas sobornaron a funcionarios para que les fuera asignado el contrato, y cómo funcionó el entramado ilegal que permitió la dispersión de al menos 20 millones de dólares que fueron entregados a empresas fantasma y supuestamente invertidos en obras que jamás se construyeron (ver recuadros).
A esto deben sumarse los 6,5 millones de dólares que fueron entregados en 2009, a manera de soborno, al entonces viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, para que garantizara que el contrato para la Ruta del Sol II fuera otorgado a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., una unión entre Corficolombiana, Episol y Odebrecht, asunto por el que ya fue condenado en la jurisdicción penal. Esto, como lo reveló el laudo arbitral, decidieron hacerlo para evitar que el Grupo Nule se quedara con el contrato.
Así, el delegado recomendó al superintendente sancionar a las empresas Constructora Norberto Odebrecht, Odebrecht Investment, Corficolombiana, Episol, Concesionaria Ruta del Sol y a las personas naturales Luiz Antonio Mameri, Luiz Antonio Bueno, Luiz Eduardo Da Rocha, Manuel Ricardo Cabral, Yesid Agusto Arocha y José Elías Melo.
Además, al exviceministro García Morales pidió declararlo responsable por la conducta restrictiva, pero exonerarlo de la sanción por “su colaboración ocupando el primer y único lugar en el orden de delatores”.
En estos casos la sanción máxima aplicable es de 98.000 millones de pesos para las empresas y de 2.000 millones de pesos para las personas naturales, el monto deberá definirlo el superintendente cuando tome una decisión. Barreto tiene seis meses para decidir y debe contar con el Consejo Asesor de Competencia.
Por otra parte, el delegado recomendó archivar la investigación por conflicto de intereses que se lleva contra el Grupo Aval y su presidente Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, porque la conducta caducó y debía ser investigada antes de 2014, máximo cinco años después de ocurridos los hechos.
Según el penalista Francisco Bernate, “un informe motivado es equivalente a la acusación de la Fiscalía. No vincula al superintendente, pero suele ser acogido porque es una investigación muy juiciosa de un funcionario muy capaz”.
