Tres ministerios y dos entidades del Estado han sido salpicadas por denuncias de presuntos abusos por parte de las nuevas caras del poder en contra de sus subalternos, según varias denuncias que señalan a funcionarios del actual gobierno de afectar la vida laboral y personal de sus empleados.
Artesanías de Colombia
En el reportaje titulado “La casita del terror: el cambio que desató una crisis en Artesanías de Colombia”, el portal noticioso CasaMacondo detalla denuncias por abuso y maltrato laboral perpetrados supuestamente por Adriana Mejía Aguado, actual gerente de Artesanías de Colombia y muy cercana al presidente Petro.
Según el reporte, las denuncias datan de diciembre de 2022, pero con el paso de los meses la situación empeoró para una veintena de servidores y contratistas.
Gritos, calumnias, acusaciones sin fundamento e insultos, son algunas de las acusaciones que presenta el informe. Incluso, aseguran que las incapacidades laborales aumentaron considerablemente de 81 en 2022, a 165 en 2023.
Asimismo, recalca el informe que Mejía nombró a su mano derecha, José Rafael Vecino, como “encargado de la etapa de juzgamiento” en los procesos de control interno disciplinario, para luego autonombrarse como la encargada en segunda instancia. Esto significa que ella misma define cualquier queja interpuesta.
Centro de Memoria Histórica
La directora del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNDMH), María Gaitán Valencia, enfrenta actualmente quejas por una presunta persecución y maltratos laborales.
Funcionarios y exfuncionarios de la entidad relataron a El Espectador que recibieron insultos, gritos, descalificación y actos de hostigamiento, incluso uno de ellos de violencia física, por parte de la directora.
“Uno piensa que nunca le va a pasar esto y menos en su lugar de trabajo. Yo empecé a sentirme desmotivada y perdí la confianza en mi trabajo. Luego de que esta situación afectara mi salud mental, empecé a notar afectaciones físicas. Me dolía la espalda, me daba taquicardia, sentía miedo e inseguridad constante. Y en el núcleo familiar y personal, también cambió todo. Dejé de socializar con mis amigos. Dejé de hacer muchas actividades que hacían parte de mi vida cotidiana”, explicó una de las denunciantes a ese diario.
Asimismo, se realizaron quejas por la persecución laboral por parte de la directora de la entidad y de Ana María Trujillo, directora administrativa y financiera del CNMH, mano derecha de la directora.
La Asociación Sindical de Servidores Públicos por la Memoria y la Paz (Asmepaz) aseguró que esperan del Ministerio del Trabajo y de la Procuraduría acciones contundentes en contra de la directora del Centro de Memoria Histórica y la directora administrativa. “La persecución sindical y el acoso laboral lesionan la dignidad humana. No se pueden tolerar”, indicó la asociación.
Ministerio de Salud
La Asociación Sindical Asoness emitió una declaración urgente en la que identificó una serie de asuntos críticos relacionados con el clima laboral que afectan al Ministerio de Salud y Protección Social, en cabeza del ministro Guillermo Jaramillo.
La carta señaló que los casos de maltrato verbal y acoso laboral se volvieron comunes y no se denuncian formalmente debido al temor a represalias y revictimización. Incluso, habrían llevado a que dos personas fueran incapacitadas.
Se informó que se están solicitando a los funcionarios trabajar hasta altas horas de la noche y fines de semana, ignorando las disposiciones legales sobre la desconexión laboral. Los funcionarios se enfrentan a acusaciones de falta de compromiso si no responden llamadas fuera del horario laboral.
Además, se denunció que las calificaciones semestrales no se basan en evidencias adecuadas y que los funcionarios recibieron calificaciones por debajo del promedio sin justificación. Esto causó preocupación y frustración entre los empleados.
Adicionalmente, la carta mencionó la falta de una respuesta adecuada a incidentes, incluidas expresiones descalificadoras y amenazantes del Secretario General.
Ministerio de Ciencia
En informes presentados por El Tiempo, funcionarios de la cartera denunciaron la preocupante situación que se vive en el ministerio por causa de presuntos casos de abuso laboral tras la llegada de la ministra Yesenia Olaya.
Según el informe, la renuncia de la directora de Gestión de Recursos, Elizabeth Orjuela Molano; la directora administrativa y financiera, Yolanda Acevedo; la secretaria privada, Karol Melissa Cabra; el director de capacitación y divulgación, Gustavo González, entre otros, estaban relacionados con el acoso laboral sufrido en el Ministerio.
“Por miedo a las represalias que se puedan tomar frente a esta denuncia, los firmantes solicitan permanecer en el anonimato, hasta tanto se abra la investigación correspondiente o haya evidencia de la toma de las medidas pertinentes para que esta situación cese”, señalan más funcionarios en una misiva enviada al presidente en agosto.
Colpensiones
Por presunto acoso y persecución laboral, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación a la jefe de Control Interno Disciplinario de Colpensiones, Yina Paola Saavedra Espinosa.
Esta investigación se da tras unas denuncias instauradas por otra funcionaria de la entidad, quien aseguró que en reiteradas ocasiones y durante la vigencia 2018-2020, al parecer, “fue víctima de maltrato laboral, con palabras descalificadoras e irrespetuosas sobre sus labores y su físico delante de otros servidores de la entidad”.
Igualmente, el ente de control investiga también las presuntas prohibiciones de la investigada a la denunciante para legalizar sus permisos para asistir a citas médicas tras haber sufrido un accidente laboral.
Susana Boreal
Además de lo anterior, el Ministerio Público formuló pliego de cargos contra la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Susana Gómez Castaño, conocida como Susana Boreal, y su esposo, por el trato presuntamente irrespetuoso hacia varios miembros de su equipo legislativo.
De acuerdo con la Procuraduría, ambos “menospreciaron el trabajo y las opiniones de sus colaboradores”.
El Ministerio Público recalcó que Boreal y su pareja pudieron incurrir en faltas sancionables por haber descalificado las labores de sus asesores, pues presuntamente los ignoraban, minimizaban sus aportes e incluso solicitaban préstamos de dinero y de bienes que luego no devolvían.
“De igual manera, la entidad indicó que se pudo configurar la vulneración de los presupuestos mínimos de conductas exigibles a la dignidad del cargo ostentado por la congresista y el asesor con el aparente uso de un lenguaje manipulador y de menosprecio sobre el trabajo y opiniones de los colaboradores”, detalló el órgano disciplinario.
