Se prevé que la próxima semana se reúna la Sala Plena del organismo electoral para determinar si, con base en un proyecto de resolución, hay méritos o no para formular cargos a la campaña, lo que implicaría la apertura formal de una investigación.
Tras casi cuatro meses de incertidumbre jurídica, que se zanjaron luego de un fallo del Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) descongeló y reactivó la investigación contra la campaña del presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en sus cuentas y financiación.
Recién este lunes, se conoció que el organismo electoral tendría listo el proyecto de resolución para abrir una investigación formal y una de las conclusiones sería que la campaña se voló los topes electorales, al parecer, por más de $5.300 millones.
Así lo reveló el periodista Daniel Coronell en La W Radio, que –tras acceder al documento– reveló que la campaña, además de violar los topes, también se habría valido de fuentes prohibidas durante la primera y la segunda vuelta presidencial. Las irregularidades de la campaña Petro Presidente habrían sido por $3.700 millones para la primera vuelta presidencial y de $1.600 millones para la segunda vuelta.
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El paso a seguir ahora es que la Sala Plena del organismo electoral se reúna para analizar y debatir si encuentra méritos o no, con base en el proyecto de resolución, para abrir una investigación formal contra la campaña que, además de Petro, involucra a su entonces gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y a los auditores de la contienda, María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus.
La semana pasada el CNE hizo lo propio y se reunió para debatir el documento; no obstante, el estudio quedó en veremos porque la Sala Plena resolvió rotar los expedientes. Lo anterior implica que los expedientes pasen a manos de otros magistrados para su estudio y revisión, un procedimiento que puede extenderse hasta durante 15 días. A ello se suma que aún hace falta que se reintegren al CNE los magistrados Alba Lucía Velásquez y Altus Baquero, quienes no han pedido rotación.
De nueve magistrados, hay al menos tres que son cercanos al Gobierno y votarían en contra de la formulación de cargos: Alba Velásquez, Fabiola Márquez (ambas del Pacto Histórico) y Cristian Quiroz (Alianza Verde). Los otros seis togados podrían inclinarse a la formulación de cargos.
Se trata de Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortíz –los investigadores del caso, que son del Centro Democrático y el Partido Liberal, respectivamente–, así como César Lorduy –que viene de Cambio Radical–; Maritza Martínez –quien fue congresista de La U y hoy es la presidenta del tribunal–; el magistrado Alfonso Campo, quien viene de las bases conservadoras, y Altus Baquero (del Partido Liberal), que recientemente se reintegró al organismo.
Por fuera de la ecuación queda Pablo Julio Cruz, de Comunes, que aunque tiene voz, no cuenta con voto para este tipo de determinaciones.
En mayo pasado, tras meses de investigación y análisis, los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), radicaron ante la Sala Plena el proyecto de apertura de investigación y formulación de cargos contra Petro y Roa.
Sin embargo, el documento quedó en veremos luego de que el tridente de congresistas que investiga al jefe de Estado en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes pidió al CNE que, por competencia, envíe a ese organismo los procesos que actualmente adelanta contra el mandatario y su campaña.
Según el triunvirato investigador, aunque el CNE es competente para investigar a los partidos, a los gerentes y candidatos, la competencia exclusiva para investigar al presidente de la República la tiene el Congreso de la República “por ser su juez natural al amparo del fuero constitucional contemplado en el artículo 178 de nuestra Carta Política”.
En medio del conflicto de competencias, a finales de junio el Consejo de Estado confirmó que “corresponde al Consejo Nacional Electoral adelantar las actuaciones administrativas tendientes a la investigación y posterior decisión de fondo frente a los hechos que constituyan una violación de topes de la campaña electoral”.
Es decir, aunque la Comisión de Acusación conserva la facultad de investigar en el ámbito penal y disciplinario a Petro, sí tiene competencia para investigar al mandatario y su campaña a nivel administrativo, lo que podría derivar en multas o devolución de dineros públicos, según reportó el periodista Daniel Coronell.
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