La reforma a la salud sigue avanzando en la Cámara de Representantes a pesar de los reclamos y los reparos que existen frente a la propuesta. Este miércoles 29 de noviembre fueron aprobados 102 de los 135 artículos que contempla en estos momentos el documento, que en su momento llegó a tener 143, pero con múltiples debates, 8 de ellos terminaron siendo eliminados de la iniciativa.
Por lo que en estos momentos, cerca del 75,5% del proyecto ya ha sido aprobado, y solo está faltando discutir 33 de sus puntos, para que después llegue al Senado.
Le puede interesar: Partido Conservador responde a invitación de Presidencia y ratifica su negativa a la reforma a la salud
Entre los artículos más importantes aprobados esta semana, se encuentran aquellos que están relacionados con el funcionamiento de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), los que han sido considerados la “puerta de entrada de la población al sistema de salud”, para la prestación de servicios de salud por medio de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIISS), la consagración de los servicios y tecnologías de salud para la prevención, y la coordinación regionales de las redes de atención.
Se estima que los colombianos podrán encontrar un CAPS por cada 25.000 habitantes, y que los ciudadanos puedan registrarse en el centro más cercano a su casa y para los pacientes que lleguen acudir a ellos, pero necesiten atención especializada, serán remitidos desde allí hasta los centros hospitalarios de mediana y alta complejidad públicos, privados y mixtos que estén vinculados a su red.
De esta nueva figura en atención, presentada como un pilar fundamental a la reforma en salud, esperan que pueda garantizar no solo la atención primaria en salud, sino que empiecen a construirse redes integrales frente a los servicios que hospitales, clínicas y centros de hospitalización públicos y privados, deben garantizar de manera inmediata y oportuna.
No obstante, es importante recordar que esto no es un concepto nuevo, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, la iniciativa de los CAPS se empezó a escuchar durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, y en ese momento se crearon algunas de estas unidades, con el propósito de descongestionar los hospitales de la red pública, así lo explicó Jesús Albrey González, experto en el sector salud y gerente de González Páez Asociados para La República, “como están diseñados en lo que conocemos en el proyecto de reforma no existen. Han existido algunos programas de atención, pero no desde el escenario de acceso al sistema de salud a través de estos centros, es una figura totalmente nueva”.
La mayoría de CAP serían públicos, sobre todo en las regiones donde el sistema presenta bastantes irregularidades en la atención. “El modelo de atención será el mismo tanto en lo público como en lo privado”, aseguró el presidente Gustavo Petro a inicios de este año, cuando apenas empezaba a discutirse el articulado. Idea que se mantiene, y que se traduce en la acción de que un paciente que llegue buscando atención y rápidamente pase a estado de gravedad que no pueda ser asumiendo por el centro, será remitido a una red público-privada en atención.
De llegarse a implementar la estrategia, las tareas de los alcaldes serían las siguientes. Primero, deberán ser ellos quienes definan el lugar donde serán instalados, priorizando las zonas de más bajos recursos; y dos, organizará las redes territoriales prestadoras del servicio de tal forma que cese la competencia entre el sector público y privado, y más bien se convierta en atención complementaria.
Si la propuesta llegase a ser exitosa, se estima que con el tiempo el sistema en atención primaria y de prevención, se habrá creado un sistema médico que permita una revisión permanente y rutinaria a las familias, y esto podría llevar al país a la detección y disminución de enfermedades, ya que están siendo atendidas en su fase más temprana.
Sin embargo, explicó González para el medio citado que “hay factores que hay que ir viendo, por ejemplo ¿quién realizaría la gestión de riesgo en salud?, todavía no se sabe. También preocupa el flujo de recursos del sector, porque lo que se sabe es que serían manejados por consejos regionales, pero no es claro cuál sería el mecanismo de auditoría, tiempos de respuesta y de pagos. Son inquietudes que esperamos que el articulado final resuelva”.
También puede leer: Oposición se va con toda contra Petro: “Un vago en el Congreso y no muy distinto en la Presidencia”
¿Qué más se votó?
Este martes 28 de noviembre se aprobó, quizá hasta el momento, uno de los puntos más polémicos de la reforma en su conjunto: el artículo 70. Este establece que las Instituciones Prestadores del servicio de Salud (IPS), es decir los hospitales, bien sean se carácter público, privado o mirxto, presentarán ante la Administradora de Recursos para la Salud (ADRES, las cuentas de los servicios solicitados y prestados a los colombianos.
El articulo en cuestión, también establece que la entidad pagará el 80% de su valor en los 30 días siguientes a la presentación del servicio, y el restante “estará sujeto a la revisión y auditoria de cuentas”. Decisión que ha sido blanco de importantes criticas, especialmente de la bancada del partido Alianza Verde en el Congreso, quienes han calificado a este punto de “orangután”.
La representante Catherine Juviano, por los Verdes, quien prefirió mantenerse ausente al debate, después de que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, buscara presionarla a ella y a los demás congresistas de su línea política, considera que su aprobación es lo “más bárbaro, irresponsable y peligroso de la reforma”, ya que esto podría prestarse, argumentó Juviano, para que la ADRES pague facturas a prestadores “sin controles previos ni concurrentes”, además de estar exponiendo al país al “desbordamiento del gasto y la malversación de recursos”, dijo.
Pero no solo allí se centran las diferencias, este miércoles durante el debate, el Ministerio de Hacienda presentó el tan esperado concepto de factibilidad de la iniciativa. De acuerdo con el documento, una entrega de 15 páginas, la reforma podría costarle al país cerca de $140 billones en una década de ejecución (2024-2033). Solamente en ese último año, en el 2033, el gasto sería de $16,8 billones. Y aunque algunos congresistas quisieron intervenir, como fue el caso de Jennifer Pedraza, por el partido Dignidad, en ese momento no fue posible, aunque el ministerio les aseguró que planea reducir al 2030 los recursos para la salud en un 6 % en relación al Producto Interno Bruto (PIB).
