El expediente por 1.000 millones de pesos recibidos de manos de un exnarcotraficante y un hombre relacionado con el paramilitarismo terminaron llevando a Nicolás Petro Burgos a convertirse en el primer hijo de un presidente activo en ser capturado.
Tras casi cinco meses de investigación y un sólido caso de la Fiscalía, agentes del CTI llegaron de sorpresa a las dos lujosas viviendas ubicadas en el norte de Barranquilla en las que se encontraban Nicolás y su exesposa, Day Vásquez, la mujer que dio a conocer todo el escándalo y que señaló al hijo del jefe de Estado de recibir millonarias sumas de dinero para la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Mientras el país entero se enteraba del golpe más fuerte que ha sacudido al Gobierno, Petro Burgos y Vásquez escuchaban la lectura de la orden de captura en la que los señalaron de delitos que pueden ir hasta los 30 años de prisión.
Los cargos son graves y algunos de ellos van en contravía de lo que el jefe de Estado siempre criticó desde el Congreso y sus puestos de poder: su hijo fue capturado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y Day Vásquez por lavado de activos y violación de datos personales.
En la mañana, y luego de que todos los medios de comunicación del país reportaran la noticia, Petro salió a reaccionar de una manera similar a como lo ha hecho con otras investigaciones que rodean a su familia o a sus alfiles más cercanos: se lamentó por lo ocurrido y aseguró que velará porque la Fiscalía pueda realizar su trabajo con total independencia y sin obstáculos desde la Casa de Nariño.
“Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”, dijo el mandatario en un mensaje que fue bien recibido hasta por la oposición.
Según dijeron críticos y aliados del Pacto Histórico, de ese trino se le valora al jefe de Estado que reaccione con un tono respetuoso de la justicia y de la Constitución.
En contexto: “Duele mucho tanta autodestrucción; no intervendré”: Petro sobre captura de su hijo Nicolás
Sin embargo, la parte que vino después dio a entender que ni él, como padre, confía en la inocencia de Nicolás: “A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso”, concluyó.
Desde ahí, el presidente ha guardado un silencio cuidadoso en el que han sabido rodearlo los suyos. El recién postulado a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, mencionó su apoyo a la familia presidencial y se atrevió a cuestionar al fiscal general, Francisco Barbosa, tildándolo de estar haciendo un “show político” con la captura. Aún así, aseguró que todos respetarán la autonomía del ente acusador para que investigue hasta donde tenga que investigar. Pero, ¿qué tanto es lo que deberá esclarecer la Fiscalía?
El expediente de $1.000 millones
Las pruebas que incriminan a Petro Burgos y su exesposa están relacionadas con millonarias sumas de dinero en efectivo que el hijo del mandatario habría solicitado para la campaña.
Pese a que el dinero sí llegó y era con la finalidad de acercarse a Gustavo Petro, Nicolás nunca se lo habría entregado a su padre ni le habría mencionado de sus planes. Dos puntos claves que, por ahora, dejan en limpio al presidente de cualquier punto de esta línea de investigación.
Así lo aseguró Day Vásquez ante la Fiscalía General de la Nación y a la Revista Semana, donde entregó las explosivas declaraciones que le dieron pie a todo este escándalo.
Le puede interesar: “Me enseñaron a no alegrarme del mal ajeno”: Uribe tras captura de Nicolás Petro
Dicho eso, los 1.000 millones de pesos habrían llegado en varias tandas, de manos de dos cuestionados personajes.
Según el relato que Vásquez soportó con chats, fotos y audios, los primeros 600 millones de pesos fueron enviados por el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, más conocido como el Hombre Marlboro, quien fue extraditado hacia Estados Unidos y que regresó al país apenas en 2021 tras pagar 19 años de cárcel.
En efecto, dicho movimiento cobró mucho más sentido dos meses después, cuando Lopesierra empezó a hacer política y se lanzó oficialmente como candidato a la Alcaldía de de Maicao, en La Guajira. ¿Existió ese dinero a cambio de avales o ayudas políticas para que el exnarco volviera a tomar fuerza en la polícia?, ese es un interrogante que deberá responder el ente acusador.
Sumado a eso, los $400 millones restantes habrían llegado de manos de Alfonso del Cristo Hilsaca Eljadue, más conocido como el Turco Hilsaca, un empresario ampliamente señalado de financiar el bloque Héroes de paramilitares de Los Montes de María y cuyo nombre ha salido salpicado en declaraciones de exjefes paramilitares de la talla de Jorge 40 y Salvatore Mancuso.
Con todo eso, el abogado Franciso Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, analizó que el lavado de activos es un delito bastante grave dentro del país y que podría asegurarles por lo menos tres décadas de privación de la libertad.
Así mismo, Bernate concordó con Benedetti en que en este punto no era necesaria una orden de captura “porque está es una situación excepcional que solo se da cuando hay riesgo de fuga, alteración a la prueba o peligro para la víctima”, tres escenarios que no parecen cumplirse en los casos de Petro Burgos y Vásquez.
Aún así, será el juez de control de garantías el que deberá decidir si ambas capturas son legales y siguen en firme, o si deben revocarse. Por ahora, siguen tres audiencias claves para ambos: la de legalización de captura, la de imputación de cargos y la de medida de aseguramiento.
Mientras eso avanza, está claro que el presidente Petro sentirá los coletazos de este y los demás escándalos que tiene encima. Con una popularidad en picada y un hijo que podría ir a la cárcel por lavado de activos, el jefe de Estado enfrenta tiempos difíciles para aprobar sus reformas en el Congreso.
¿Seguirá en limpio en todos estos procesos y en la presunta financiación irregular de su campaña?, eso aún está por verse.
