La imagen de 40 carrotanques parqueados en un municipio de La Guajira y sin entregar una sola gota de agua en medio de la temporada seca le dio la vuelta al país.
Tal como sospecharon la opinión pública y los medios de comunicación, en medio de esa contratación pudo haber “gato encerrado”, pues ya son dos autoridades las que abrieron indagaciones para determinar si se cometieron hechos ilegales en la licitación y el pago de los vehículos.
Así lo confirmó la Fiscalía General de la Nación en un corto comunicado en el que aseguró que abrió “investigación para determinar si existen irregularidades para favorecer a un contratista y otros posibles hechos constitutivos de delito alrededor de este tema”.
En efecto, esa revisión de la Fiscalía llega justo un día después de que la Procuraduría General de la Nación también abriera una investigación para identificar el estado de los carrotanques.
Este lunes, el Ministerio Público ordenó, además, visitar los patios en los que se encuentran los vehículos para hacer una revisión exhaustiva de la compra que le costó al Gobierno $1.170 millones por cada vehículo.
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Según dijo la entidad en un documento privado revelado por El Tiempo, algunos de los puntos a investigar en dichos patios serán “cuántos vehículos tipo carro tanque, adquiridos por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, se encuentran estacionados en esa unidad militar y las razones para que estén allí. Los responsables de la guarda y custodia de los vehículos tipo carro tanque. El tiempo que llevan los automotores en dichas instalaciones”.
En respuesta a la polémica, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, aseguró que actualmente los carrotanques están en preparación, siendo equipados con motobombas y mangueras para repartir agua y que dicha repartición comenzaría esta semana.
Pero, aunque eso fuera cierto, tampoco hay rastro de la contratación de los 40 conductores ni de dónde saldrá la cantidad de agua necesaria para llenarlos y abastecer a la comunidad. Según los primeros registros, cada vehículo se llena con 16.000 litros, lo que quiere decir que se necesitarían 640.000 litros de agua para cumplir con la labor para la que se compraron.
Pero, ¿qué por qué investigan la compra de los carrotanques y qué pudo ser irregular?
Para empezar, los 40 vehículos que compró el Gobierno no se adquirieron bajo la Ley 80 de 1993 que rige la contratación pública en el país, sino bajo el decreto presidencial número 2113 de 2022, que declaró estado de desastre nacional por 12 meses.
Dicha emergencia le permite al Gobierno contratar de manera extraordinaria para agilizar los tiempos, pero también fue la excusa perfecta para que ni la compañía que contrató ni la Ungrd publicaran la documentación en el portal del Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop.
Así las cosas, en medio de esa contratación apenas se empiezan a saber las primeras movidas sospechosas que, quizás, son el síntoma de un contrato con posibles líos de corrupción.
Ante esto, una investigación de El Tiempo expuso que la Fiduprevisora pidió indagar el mes pasado por posibles irregularidades con la firma Impoamericana Roger S.A.S., una empresa que antes de 2019 se llamaba Comercializadora Agrodomínguez S.A.S. y tenía su sede en Cúcuta.
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Este diario pudo establecer que en el Registro Único Empresarial (RUES) la empresa Impoamericana Roger S.A.S. tiene dentro de sus actividades económicas el comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción; el comercio al por mayor de productos alimenticios; otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil; así como el comercio al por mayor de otros productos.
Esta última actividad está clasificada en la RUES como “n.c.p.”, que significa “no clasificado previamente”: lo que quiere decir que amplió su actividad comercial.
Hasta ahora, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se comprometió a que los carrotanques estarían listos y funcionando a partir del próximo jueves. Sin embargo, no está claro si las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría afectarán ese funcionamiento mientras despejan las dudas de ilegalidad.