Todos los caminos que podrían llevar a esclarecer dónde están los 1.000 cuerpos “desaparecidos” del Cementerio Municipal de Bucaramanga están desiertos: la Alcaldía dice que la documentación sobre esos cadáveres se quemó en un incendio en 2002 y las únicas tres personas que sabían todos los detalles de su ubicación murieron antes de que estallara el escándalo y se llevaron a la tumba los secretos y las coordenadas para hallarlos.
Para la época de 2000, quienes estuvieron a cargo de los traslados de cientos de bóvedas fueron Hernando Vesga, como delegado de la Alcaldía; Nubia Acevedo, como titular de una funeraria contratada para ese fin; y el sepulturero de toda la vida, cuyo nombre no recuerdan los bumangueses. Los tres murieron antes de 2020 sin dejar actas o certificados explicando lo que ocurrió o cómo navegar por el cementerio para dar con la identidad de cada uno de esos cadáveres.
Pero el problema es más complicado que eso. Ese cementerio municipal fue creado en 1992 con el único fin de recibir los cuerpos de personas pobres, cadáveres sin identificar o víctimas de delitos que llegaban a Medicina Legal y que eran sepultados completos con el objetivo de que algún día llegaran los familiares o se esclarecieran los crímenes.
De ahí que este no sea un lío solo de la capital santandereana, sino que se convirtió en un problema nacional en el que podrían haber cientos de víctimas del conflicto armado de diferentes lugares del país, como lo confirmó la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
Desenterrar los cuerpos
La historia de cómo empezó el lío se remonta al año 2000, cuando al alcalde de ese entonces, Luis Fernando Cote Peña, se le ocurrió que era buena idea construir un parque público en una parte del cementerio.
Cuenta el hoy secretario de Salud, Juan José Rey Serrano, que el mandatario tomó esa decisión porque los vecinos del sector se quejaban de que les tocara lidiar con un cementerio, un hospital mental y las sedes de Medicina Legal, todos construidos a escasas calles de distancia y ubicados en lo que en ese entonces eran las afueras de la ciudad, pero que ahora está plenamente poblado.
Para empezar con la construcción, que prometía ser un alivio para ese barrio, el alcalde tenía solo un “problemita”: el lote que pretendía utilizar guardaba bajo tierra al menos 5.000 cuerpos, de acuerdo con cifras oficiales de la administración.
Con la idea de sacarlos de ahí y reubicarlos en otra parte del cementerio, la Alcaldía contrató a la Funeraria Colombia y firmó el contrato 001 de 2000 por un valor aproximado de 11 millones de pesos de la época. Tras dos meses y medio de trabajo, la Funeraria concluyó que el presupuesto no daba para mover los 5.000 cadáveres y dejó enterrados alrededor de 4.000 cuerpos. Sobre ellos, presuntamente, se habría construido el actual Parque de la Vida, como lo bautizó el alcalde Cote Peña.
Los otros 1.000, aseguran las fuentes oficiales, habrían sido empacados en bolsas individuales y marcados con referencias específicas para asegurar la cadena de custodia. “Pero las fichas y los documentos que mostraban específicamente en qué sitio del cementerio habían quedado estaban en la Alcaldía y se quemaron en el incendio de 2002”, aseguró el secretario de salud.
De ser cierto, los documentos habrían quedado totalmente incinerados, pues el fuego que quemó el edificio de la Alcaldía durante junio de 2002 dejó más del 35 % de la documentación del municipio en cenizas.
Sin embargo, la versión de la Unidad de Búsqueda es otra. En diálogo con este diario, la directora de esa entidad, Luz Marina Monzón Cifuentes, aseguró que ellos sí encontraron documentos sobre el proceso de traslado y que siguen analizando cada uno para “intentar dimensionar qué fue lo qué pasó y cómo podemos hallarlos”.
