En medio de esas investigaciones paralelas por el robo, el suicidio y hasta el presunto ingreso irregular de 15.000 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro, dos de los implicados más poderosos asistieron ante el ente acusador este miércoles a declarar: la misma Laura Sarabia, quien fue víctima de un robo doméstico y habría incurrido en abuso de poder para esclarecer esos hechos, y el coronel Carlos Feria, director de la Casa Militar y jefe directo de Dávila, quien era el líder de avanzadas de Petro.
A esas mismas diligencias también habían sido citados el esposo de Sarabia, que se negó a ir a la Fiscalía, y el exembajador Armando Benedetti, quien presentó excusas para no asistir a una audiencia de la Procuraduría en su natal Barranquilla. por un expediente relacionado (ver recuadro).
Los detalles del dictamen forense
En medio de todo ese escándalo, el informe forense de cómo había muerto Dávila era uno de los desarrollos más esperados de la noticia, pues hasta el presidente Petro reconoció que “había insinuaciones de que el Gobierno tenía que ver en el supuesto homicidio del Coronel”.
La tarea de la Fiscalía no era sencilla. “Al coronel había que practicarle una autopsia especial bajo el protocolo de estambul y minnesota, un trabajo complejo que se practica cuando un alto funcionario muere en extrañas circunstancias”, explicó el experto Germán Antia, profesor y doctorando en Ciencias Forenses.
Por eso, la vicefiscal Mancera detalló uno a uno los hallazgos de los tres equipos expertos que analizaron con las tecnologías más avanzadas del país tres puntos específicos: la autopsia, la trayectoria del disparo y las pruebas de balística y pólvora en los cuerpos de Dávila y su conductor, las únicas dos personas en la escena del crimen.
Una vez tuvieron todos esos elementos, para los investigadores fue claro que el arma fue accionada por el coronel y que él mismo se disparó una bala que entró por su lado derecho del cráneo y salió por el izquierdo impactando otras tres veces contra la camioneta.
Y no solo eso. Una prueba a profundidad de toxicología demostró que Dávila había ingerido “en horas muy cercanas a la muerte” una elevada cantidad de Alprazolam, un medicamento utilizado en cuadros de ansiedad, estrés o pánico.
De hecho, en las prendas del coronel se encontró un frasco vacío de esas pastillas, lo que indica que él habría estado consumiendo con bastante frecuencia un ansiolítico que, según los forenses, “provoca un estado de somnolencia y tranquilidad mientras el paciente se estabiliza”.
Pero esas pastas no surtieron el efecto que debían: Dávila alcanzó un punto máximo de desesperación y se disparó sin titubear apenas 15 minutos después de llamar a su esposa y decirle que iba camino a casa.
Esas últimas movidas del coronel, según dijo la Fiscalía, fueron claves también para demostrar que él no estaba siendo seguido o presionado por nadie. “Dávila llevó una vida normal ese día. El último video en el que lo vimos con vida demuestra que entró al apartamento de uno de sus familiares para sacar una carne del horno. Él hizo el favor y se devolvió a su camioneta”, dijo un investigador.
La sombra del suicidio inducido
Pero ni todas esas claridades han logrado calmar las dudas de la prensa y hasta de los expertos. Antia se pregunta, por ejemplo, “por qué el conductor no se bajó con su arma y por qué, una vez vio la escena, no lo llevó inmediatamente ante los médicos”.
Por esos hechos, muchos han sugerido que es posible que Dávila fuera inducido a disparar y que el arma fue dejada ahí, simulando descuido, para que el coronel tomara la decisión final de acabar con su vida.
Con esa versión, la vicefiscal fue drástica: “El intendente deberá responder a nivel disciplinario por qué dejó su arma en la camioneta, pero a nivel penal no hay responsabilidad porque la inducción al suicidio requiere de pruebas mucho más específicas para que se logre tipificar ese delito (...) No hay ninguna prueba de eso y lo demás es especulación”.
