Néstor Osuna, hasta hace unas semanas ministro de Justicia en el gabinete de Gustavo Petro, es uno de los nuevos fichajes en la Unidad para las Víctimas. El jurista se encargará de manejar la estrategia de la entidad para superar el Estado de Cosas Inconstitucional sobre el desplazamiento forzado.
Hace más de 20 años la Corte Constitucional demarcó una línea sobre los desafíos e incumplimientos sistemáticos del Estado Colombiano para garantizar los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado. De acuerdo con el registro único de víctimas son 8,6 millones de personas afectadas por esta consecuencia del conflicto armado.
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“El destacado jurista será el encargado de dirigir las acciones que adelanta la entidad para enfrentar los retos y desafíos establecidos por el alto tribunal en lo que respecta a la implementación de medidas de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral para esta población”, señaló la Unidad para las Víctimas en un comunicado.
La sentencia del Estado de las Cosas Inconstitucionales, básicamente, en un juicio en el que se encuentra una violación reiterada y sistemática de algún derecho que genera que lo establecido en la Constitución quede sin efecto por la incapacidad del Estado para hacerlo cumplir.
“La idea es poderle dar a Colombia y a la Corte Constitucional la noticia de que estamos haciendo todos los esfuerzos. Colaborar con la doctora Lilia y con la Unidad para las Víctimas en ese propósito me enorgullece profundamente”, señaló el exministro Osuna.
Desde la sentencia de la Corte en 2004 se han logrado avances como la creación de la Unidad para la Restitución de Tierras y los Decretos Ley Étnicos, sin embargo, en las revisiones a la sentencia se ha insistido en la necesidad de crear soluciones estructurales para las personas que han sido obligadas a salir de sus tierras.
EL COLOMBIANO ya había relatado que en los archivadores de la Casa de Nariño permanece una reforma –aprobada por el Congreso– que está a la espera de la sanción presidencial. El articulado pretende transformar la Ley de Víctimas y aportar a la transformación y garantía de derechos de los afectados por el conflicto.
