El documento para extenderle el contrato al equipo liquidador de la Comisión de la Verdad ya está listo y en el despacho del presidente Gustavo Petro.
Lo único que falta es la firma del jefe de Estado que autorice aumentar por tres meses más el tiempo de operaciones de ese grupo que se encarga, entre otras cosas, de finalizar los trámites administrativos de la entidad y de digitalizar los miles de archivos y documentos que alcanzó a recolectar la entidad durante sus más de tres años de funcionamiento.
El tema no es menor: de ese trabajo depende en buena medida la seguridad de los documentos públicos y secretos del archivo histórico más grande e importante del país, pues la Comisión de la Verdad fue creada por el Acuerdo de Paz para narrar las más de cinco décadas de conflicto armado de Colombia.
La noticia la dio a conocer el exsecretario general y actual liquidador de la Comisión de la Verdad, Mauricio Katz, en entrevista con EL COLOMBIANO.
Según contó, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública solo autorizaron una extensión de tres meses, pese a que todo el equipo coincidió en que era necesario medio año más de trabajo.
De hecho, ese equipo de liquidación viene desde el Gobierno del expresidente Iván Duque. Siguiendo el mandato que creó a la Comisión de la Verdad, su Gobierno decidió otorgarle solo 6 meses, pese a que el pleno de los comisionados pidió, por lo menos, 1 año para ese trabajo de liquidación.
Así las cosas, la falta de tiempo viene desde el Gobierno Duque, pero alcanzó a tocar la administración de Petro, quien tuvo que decidir por cuánto más prologaba ese contrato.
“Yo creo que no me hice entender, que no supe explicarles lo importante que eran esos 6 meses de más. Estamos hablando de labores técnicas muy complejas. Son 50 computadores con una tarea de almacenamiento cada uno. Es un muchísima información”, dijo Katz.
Sobre el presupuesto, Katz explicó que el equipo requiere alrededor de 700 millones de pesos mensuales para pagar la nómina de los casi 60 colaboradores y la gestión documental necesaria. Así las cosas, el nuevo contrato aprobará alrededor de $2.500 millones para esos tres meses en que debería quedar culminado el proceso de liquidación.
Por ahora, Katz aseguró que él y su equipo harán todo lo posible para asegurar que los más de 15 mil testimonios de víctimas y 1.236 informes que recibió la entidad queden asegurados, con copia espejo y en los entes internacionales que estableció la Comisión.
