Este jueves, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya falló a favor de Colombia en el diferendo limítrofe con Nicaragua. El fallo, que ratifica la soberanía nacional y controvierte las pretensiones territoriales del régimen de Daniel Ortega, está relacionado con la plataforma continental extendida, ¿de qué se trata?
En contexto: ¿Nicaragua podrá seguir reclamando territorio colombiano ante la Corte de La Haya?
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la plataforma continental es el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental del Estado rivereño.
En el caso de la plataforma continental extendida, se trata de una ampliación de esa zona que alcanza una extensión superior a las 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las que se mide la anchura del mar territorial y hasta unos límites precisos fijados por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
Sin embargo, el Estado colombiano alega que esa disposición no tiene lugar para este proceso porque Colombia nunca ratificó el tratado de la Convemar, aunque sí fue una de las partes firmantes.
El pleito entre Colombia y Nicaragua data de septiembre de 2013, cuando el país centroamericano interpuso una demanda contra el país alegando que tenía soberanía sobre el suelo y el subsuelo de lo que sería una plataforma continental extendida, geografía que terminaría solapándose con la zona económica exclusiva de Colombia. Es decir: con el pedazo de mar que el país explota en actividades como la pesca.
Sin embargo, con 13 votos a favor y 4 en contra, el tribunal le dio la razón a Colombia y negó las pretensiones de Nicaragua. La presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, declaró que “Nicaragua no tiene derecho a una línea extendida dentro de las 200 millas de una línea base de Colombia”.
Para tomar la decisión, la Corte revisó los criterios de lo que se conoce como el derecho internacional consuetudinario, que son los que determinan el límite de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. Para defenderse, Colombia declaró es que esa plataforma extendida no es un derecho como tal, sino uno adquirido a través de la Convemar, de la que Colombia no hace parte, mientras que Nicaragua sí y desde ahí se sostenían para reclamar más aguas.
Lo que buscaba Managua era poder explotar esos territorios, pese a que las aguas marítimas corresponden a una zona económica exclusiva bajo la jurisdicción de Bogotá, lo que abriría todo un boquete sobre la delimitación de las fronteras marítimas y la convivencia entre los Estados.
Nicaragua ha demandado a Colombia en tres casos en lo que va de este siglo. El primero fue una demanda por una controversia territorial y marítima que comenzó en 2001 y que fue fallada en noviembre de 2012.
El segundo se dio para septiembre de 2013 cuando Nicaragua volvió a demandar a Colombia en el proceso titulado “Cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas marinas contadas desde la costa nicaragüense (Nicaragua c. Colombia)”.
El tercero inició en noviembre de 2013 por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe de Colombia, un frente de disputa más que abrió el régimen de Ortega tomando como base lo definido por La Haya en 2012. De ese se conoció la resolución en abril de 2022, sentencia que determinó que Colombia había incumplido lo fallado por la CIJ en 2012.
