Los últimos días de octubre y el inicio de noviembre serán claves para las reformas y proyectos que el Gobierno de Gustavo Petro quiere aprobar ante el Congreso. Durante esta semana desfilarán en el Legislativo las discusiones sobre el Sistema General de Participaciones (SGP), la reforma a la Salud y la reforma a la Justicia.
Para este lunes está planillado un nuevo debate del SGP, una reforma constitucional que están en la recta final de su trámite en el Congreso y que, en el tablero, cuenta con los votos necesarios para ser aprobada en Senado y pasar a la Cámara de Representantes.
Ese articulado busca que los departamentos, distritos y municipios sean más autónomos en el manejo de sus recursos y desde el Gobierno Nacional hicieron un llamado para que el Congreso le camine a la aprobación. Sin embargo, gremios y expertos han advertido por el riesgo fiscal que traería la inminente aprobación.
Bajo la ley actual, el Gobierno gira 23,8% de los ingresos corrientes de la nación, y la reforma propone que ese monto suba a 46,5%, durante la próxima década.
Entérese: Reforma a la salud: listo borrador de ponencia y estudian si dan mensaje de urgencia
“Desde una perspectiva fiscal, el aumento en las transferencias proyectado en la reforma del SGP tendría un impacto negativo progresivo en el balance fiscal, elevando el déficit al 6,4% del PIB para 2036, en comparación con el 3,1% en el escenario actual. Como consecuencia, la deuda del gobierno superaría el límite del 71% del PIB establecido por la regla fiscal, lo que podría desencadenar una crisis fiscal. Esta situación incrementaría el costo del endeudamiento, afectaría negativamente el crecimiento económico y contribuiría a un aumento del desempleo y la pobreza”, advirtieron desde Fedesarrollo.
La pretensión de la reforma es caminar hacia la descentralización para fortalecer a las entidades territoriales a través de más recursos y responsabilidades. En la práctica, tendrían un rol más activo en la administración, ejecución y vigilancia de sus propios proyectos.
“El país necesita más autonomía territorial y necesita cerrar las brechas entre los territorios. El centralismo exacerbado en Colombia se ha convertido en una amenaza a la unidad territorial del país”, fue la insistencia del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
