Una grave situación alertó la Procuraduría General de la Nación sobre el delito de trata de personas en Colombia. La jefa de este organismo, Margarita Cabello, reveló que, entre 2020 y 2023, los casos de trata de personas aumentaron en un 400% en menores de edad, lo que constituye una preocupación alarmante en un país donde esta problemática parece estar en ascenso.
Para la procuradora, las cifras de este delito resultan sumamente inquietantes, especialmente en lo que respecta a la explotación de menores de edad. En este contexto, hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para frenar esta grave situación que afecta a cientos de niños, niñas y adolescentes en el país. Aseguró que se requiere una respuesta contundente y coordinada entre las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos y la seguridad.
Durante un evento organizado por la Alcaldía de Cartagena, Cabello Blanco informó que, en el periodo comprendido entre 2020 y 2023, se registraron 709 casos de trata de personas en Colombia. De este total, uno de los aspectos más alarmantes es el aumento del 400% en los casos que involucran a menores de entre 12 y 17 años, un grupo particularmente vulnerable frente a este flagelo. Este incremento refleja no solo la magnitud del problema, sino también la necesidad urgente de implementar medidas más eficaces de prevención y atención.
La procuradora también hizo hincapié en que las regiones más afectadas por esta problemática son aquellas caracterizadas por altas tasas de pobreza, migración irregular y conflictos sociales.
En particular, zonas como La Guajira, el tapón del Darién y áreas fronterizas han sido identificadas como focos críticos, donde los criminales aprovechan las vulnerabilidades de las víctimas para captarlas y explotarlas.
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La migración forzada y las difíciles condiciones de vida en estas regiones se han convertido en factores clave que alimentan la trata de personas, especialmente en contextos de crisis humanitaria.
La procuradora reiteró la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, la cooperación internacional y el apoyo a las víctimas, destacando que este es un problema que trasciende las fronteras y que requiere una respuesta integral y coordinada por parte de las autoridades nacionales e internacionales. Además, subrayó la importancia de sensibilizar a la sociedad sobre este flagelo, involucrando tanto a las comunidades como a las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra la trata de personas.
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“La trata de personas es sufrimiento humano en su forma más despiadada: niños separados de sus familias, mujeres forzadas a renunciar a sus cuerpos, hombres y mujeres sometidos a trabajos forzados bajo amenazas y abusos constantes. Pero es también un llamado urgente a la acción. No podemos permitir que estas historias se sigan repitiendo”, enfatizó.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia sentó jurisprudencia sobre las formas en que materializa este delito, aclarando que no ocurre únicamente con fines de explotación sexual, sino en otras formas como la esclavitud y la servidumbre.
Finalmente, la jefe del Ministerio Público enfatizó en que la erradicación de la trata requiere un esfuerzo sostenido y coordinado entre el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional.
“Cada uno de nosotros tiene un papel en esta lucha. Proteger a los más vulnerables, exigir políticas públicas efectivas y educar sobre este crimen son pasos esenciales para construir una sociedad que defienda la dignidad humana”, concluyó la Procuradora.
