Según el ente de control, dicho contrato estaría contaminado con posibles vicios de ilegalidad al omitir los rigores de la contratación y los procedimientos pertinentes como era el de convocar a una licitación pública y no hacerlo de manera directa como lo hizo la entidad.
“Pudo haber transgredido los principios de pluralidad de oferentes, participación y libre concurrencia y esto a su vez, pudo conducir a que la entidad se privara de seleccionar una mejor propuesta a través de un proceso participativo, razones que lo llevaron a pedir la suspensión del mismo”, advirtió Marcio Megolsa, procurador primero delegado para la vigilancia de la Función Pública.
En lugar de contratar este tipo de servicios mediante una licitación o un proceso de selección de menor cuantía, que es de la forma más común y transparente, el ICBF prefirió hacerlo de forma directa con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, que también es otra entidad pública.
Asimismo, la Procuraduría alertó que durante la inspección documental se determinó que esta Agencia Logística “no cuenta, probablemente, con la capacidad e idoneidad para ejecutar el contrato, teniendo en cuenta la posible subcontratación del total de los bienes y/o servicios”.
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El motivo que llevó al Ministerio Público a frenar la contratación, según encontró la Revista Cambio, ocurrió después de que encontrara que la agencia Logística de las Fuerzas Militares subcontrató al canal regional Telecafé por $5.000 millones de pesos para que prestara el servicio de operación logística para la organización, producción y ejecución de los eventos, encuentros y demás actividades derivadas del contrato.
“El subcontrato que la agencia firmó con Telecafé tiene un precio mucho más bajo que el que se pagó por parte del Bienestar Familiar y no hay certeza de qué se hará con los recursos restantes”, indicó el Ministerio Público en su pedido. Al parecer, las Fuerzas Militares cobraron al ICBF un 7% de comisión por el contrato firmado entre ambos.
