La Procuraduría General le solicitó al Gobierno nacional tomar medidas urgentes para eliminar la situación de confinamiento que padece la población de Bojayá, Chocó, y de otras regiones del departamento por la presencia de miembros de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona.
En una carta enviada a la ministra del Interior y al gobernador de Chocó, el Ministerio Público pidió convocar inmediatamente una reunión del Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías, y demás instituciones involucradas con el fin de concretar acciones para lograr el cese de la situación que padece el municipio, donde se ha presentado ocupación de bienes, intimidación, situación de confinamiento, riesgo de desplazamiento forzado y amenazas generalizadas contra la población de territorios colectivos y resguardos indígenas.
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Así mismo, el órgano de control instó al Gobierno para que implemente, de forma integral, un plan de acción que garantice la seguridad de la población, a través de una actuación de la Fuerza Pública y requirió evaluar la intervención de las Fuerzas Militares e identificar los obstáculos que han impedido la protección a la población de manera efectiva, y prevenir nuevas situaciones de violencia y victimización.
Adicionalmente, puntualizó que se deben contemplar “acciones que garanticen la protección de los habitantes del departamento, a través de programas de protección colectiva, programas de prevención del reclutamiento forzado, atención a víctimas de violencia sexual y la solicitud de medidas de protección individual para autoridades étnicas o líderes que se encuentren en riesgo”.
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En este sentido, pidió coordinar de manera prioritaria una estrategia de atención de la población víctima del municipio de Bojayá y de los municipios del Medio y Bajo Atrato, que se brinde asistencia humanitaria urgente a través del acceso a alimentos, brigadas de salud y dotación de infraestructura para su protección, con el objeto de mitigar los impactos causados por el confinamiento y el desplazamiento forzado.
También exhortó a realizar un trabajo articulado con las entidades territoriales y del Estado para que se adelanten todas las medidas de protección atendiendo a los principios de enfoque diferencial, a fin de garantizar la vida e integridad de los habitantes de esta región.
En la comunicación, la Procuraduría pidió al Mininterior y a la Gobernación de Chocó, dentro de los próximos cinco días, rendir un informe de las acciones realizadas hasta el momento para mitigar, prevenir y eliminar la situación de riesgo de la población.
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