Las frecuentes quejas sobre posibles irregularidades en la contratación y operación de la Unidad Nacional de Protección (UNP) pusieron sobre la mesa un hilo de corrupción que, presuntamente, podría derivarse de antiguas prácticas del DAS, la entidad gubernamental que le dio origen.
Luego de tres semanas de inspecciones a archivos y bases de datos en la sede de la UNP en Bogotá, la Procuraduría anunció ayer la apertura oficial de tres expedientes disciplinarios que afectan a funcionarios y exservidores de dicha agencia.
En concordancia con lo que han venido denunciando EL COLOMBIANO y otros medios, uno de los procesos investigativos se relaciona con la posible utilización de vehículos de la UNP para el transporte de drogas, armas y delincuentes.
Entre las evidencias preliminares está la incautación de una camioneta asignada al esquema de seguridad del exsubdirector de Protección de la UNP, Ronald Rodriguez, el pasado 10 de diciembre en una vía de Cauca. La Policía encontró 168 kilos de cocaína en dicho automotor.
Para colmo de males, el conductor detenido en ese momento, el expolicía y escolta Manuel Castañeda Bernal, le confesó al actual director de la UNP, Augusto Rodríguez, que meses antes fue contratado para facilitar la fuga del narco Juan Larinson Castro, alias “Matamba”, quien estaba en la cárcel La Picota.
Lo recogió a las afueras del penal el 18 de marzo de 2022, de donde salió con ayuda de custodios del Inpec, y lo transportó hasta una finca en Antioquia, escoltado por supuestos policías corruptos del Gaula. A raíz de esto, el propio director Rodríguez le pidió a la Fiscalía que investigara si había más casos parecidos.
El segundo expediente de la Procuraduría involucra a un servidor de la presente administración: Wilson Devia, quien funge como oficial de Protección y líder sindical de la UNP. “Presuntamente alquila esquemas de seguridad a personas distintas a sus beneficiarios y cobra dinero por ‘meter vehículos a la UNP a trabajar’, al parecer, empleando su influencia sobre los escoltas del sindicato”, informó el Ministerio Público.
Esa indagación también surgió de las confesiones del expolicía Castañeda.
La tercera averiguación busca establecer supuestas irregularidades en contratación cometidas en el anterior gobierno de Iván Duque.
Se trata del arrendamiento de vehículos al contratista Neostar Seguridad de Colombia desde 2018, que al parecer no contaban con el blindaje solicitado.
En total hay una empresa, tres exfuncionarios y tres servidores activos en la mira de la Procuraduría, inicialmente.
Frente a la apertura de los expedientes, consultamos a la UNP su postura, pero indicaron que no harían pronunciamientos; sin embargo, publicaron un trino agradeciendo la diligencia de la Procuraduria para investigar las “malas prácticas que tristemente han deteriorado a la institución”.
La UNP es una de las tres agencias estatales creadas entre 2011 y 2012, junto a Migración Colombia y la Dirección de Inteligencia, tras la liquidación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Los escándalos de corrupción de ahora hacen recordar los que llevaron a la disolución del DAS, que incluían espionaje, conspiraciones con grupos ilegales, corrupción en contratos y malversación de fondos, entre otros .
12
años de funcionamiento lleva la UNP, surgida de la disolución del antiguo DAS.
