En una petición enviada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Procuraduría pidió que se determine como máximos responsables por el crimen de lesa humanidad de la esclavitud a los excomandantes de las Farc, Édgar López Gómez (“Pacho Chino”), Juan Carlos Ramírez (“Sargento Pascuas”) y Héctor Julio Villarraga Cristancho (“El Grillo”).
Según el Ministerio Público, estos excomandantes cometieron varios crímenes como la compra de secuestrados, que fue una acción sistemática dentro de las Farc.
“La compra de secuestrados no se trató de eventos esporádicos cometidos por algunos de sus miembros, sino de una dinámica acogida de forma sistemática. Así, correspondió a una política que se extendió por las estructuras de las Farc, en concreto por el Comando Conjunto de Occidente-Bloque Occidental, que además nunca se controló o delimitó”, aseguró la entidad.
El delegado ante la JEP, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, también requirió que se determine la responsabilidad de mando del compareciente Héctor Julio Villarraga Cristancho, Gilberto Arroyave o El Grillo por el crimen de guerra de violación sexual que se cometió de manera concurrente con los crímenes de toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad.
En el documento sobre los hechos y conductas atribuibles a exmiembros del Bloque Occidental de las Farc, perteneciente al macrocaso 01, la Procuraduría aseguró que esa unidad fue responsable de al menos 42 secuestros con finalidad financiera.
Recalcan que en estos hechos “fueron privadas de la libertad 92 personas, incluidos menores de edad, por cuyos rescates solicitaron sumas de entre $200 millones y hasta 5 millones de dólares para no entregar a la víctima en pedazos”.
En su petición a la JEP, el Ministerio Público asegura que muchas de estas víctimas de secuestros, no solo fueron privadas de la libertad, también fueron torturadas física y psicológicamente, esclavizadas, abusadas sexualmente y luego asesinadas, sus cuerpos desaparecidos; todo para reafirmar el dominio violento del territorio.
La Procuraduría recuerda al Tribunal el caso de tres niños secuestrados, donde uno de ellos fue sacado a la fuerza del bus del colegio y duró en cautiverio un año, mientras su familia juntaba los $600 millones que esa guerrilla pidió por el rescate, a pesar de que, según los excombatientes, se trataba de una práctica prohibida al interior de esa guerrilla.
De los guerrilleros implicados, “Pacho Chino” ha sido una vaca sagrada dentro de la guerrilla. Por muchos años fue su principal comandante en el departamento del Cauca. Por sus labores de narcotráfico, la justicia de Estados Unidos lo pidió en extradición, pero dicha solicitud quedó congelada cuando se firmó el acuerdo de paz de La Habana.
La petición de la Procuraduría coincidió con una carta publicada por los excomandantes de las Farc esta semana, en la que mostraron su descontento por el rumbo que estaba tomando su JEP, el cual, a su juicio, contradice lo pactado en Cuba en 2016.
