La Procuraduría General de la Nación le envió una solicitud al Ministerio de Cultura para que suspenda el proceso licitatorio que pretende otorgar la administración del Museo Nacional y siete museos más. El órgano de control advirtió que el proceso está minado de riesgos.
“Se advierte de una posible vulneración por parte de la cartera de cultura de los principios de economía, igualdad, selección objetiva, transparencia y buena fe al revocar sin razones claras la adjudicación de la invitación pública”, indicó la Procuraduría en un comunicado.
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Es que este proceso licitatorio ha saltado de polémica en polémica. La Fundación Arteria se animó a participar en la convocatoria pública y alcanzó a ser escogida para quedarse con el contrato de 14.800 millones de pesos. Pero, de manera sorpresiva, el Ministerio de Cultura decidió revocar esa decisión.
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Entonces, el argumento que usó el Ministerio fue que la Fundación Arteria no estaba en el primer orden de elegibilidad y que su ofrecimiento no era el más favorable para los intereses de esa cartera.
La Fundación, por su parte, cuestionó que desde el Museo les hayan pedido firmar un documento donde aceptaban el reversazo de la adjudicación. Lo grave era que la resolución tenía como causa una ilegalidad cometida por Arteria.
“Para nosotros no existe ningún argumento que le dé validez a la revocatoria, ellos dicen que es por un acto ilegal. Esto es gravísimo contra el buen nombre de Arteria, necesitamos que nos digan entonces en dónde se cometió la ilegalidad. El Museo argumenta que el otro proponente es el que se lo puede ganar, pero vemos que a ese proponente le complementaron información durante el tiempo en que la resolución a favor de Arteria seguía vigente. Cuando la convocatoria ya estaba cerrada”, había dicho Nelly Rocío Peñaranda Rodríguez, representante legal de la fundación.
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El ministro de Cultura, Juan David Correa, admitió que las directivas del Museo actuaron en contravía al conducto procedimental y reconoció que no era la forma de informar la revocatoria de la adjudicación.
De acuerdo con la Procuraduría, el ministerio de Cultura habría incurrido en la expedición de un acto administrativo “falsamente motivado”. Pidieron que esa cartera suspenda el proceso hasta que no se realice un estudio sobre las alertas que ya hizo el órgano de control.
