La Procuraduría General de la Nación ha pedido a la Fiduprevisora suspender el proceso de contratación para la prestación de servicios de salud a 102 mil personas privadas de la libertad y a menores de tres años que conviven con sus madres en establecimientos de reclusión del orden nacional.
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El contrato, valorado en 170 mil millones de pesos, ha generado inquietudes sobre su el tiempo para concursar por la adjudicación. Según la Procuraduría, los plazos estrechos para la presentación de ofertas podrían violar los principios de la contratación pública, lo que ha generado la intervención del Ministerio Público para asegurar un proceso justo y competitivo.
El proceso licitatorio, administrado por la Fiduprevisora, abarca servicios de salud de baja y mediana complejidad en varias cárceles del país, para un total de 102 mil presos ubicados en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Cali y Pereira. Además, la Fiduprevisora gestiona la administración fiduciaria del contrato, cuyo valor asciende a 330 mil millones de pesos, en colaboración con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
El contrato tiene como objetivo proporcionar servicios de salud preventivos y predictivos a los reclusos, abarcando desde atención médica básica hasta servicios especializados como optometría, prótesis dental, y nutrición.
Para ejecutar estos servicios, se planea seleccionar tres proponentes ganadores que operen en las diferentes regionales, con un presupuesto mensual de 15.489 millones de pesos durante los 11 meses de duración del contrato.
Según la revelación del diario El Tiempo, las preocupaciones comenzaron cuando se descubrió que los términos de referencia definitivos fueron publicados con solo dos días para que los interesados presentaran sus ofertas.
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Marcio Melgosa, procurador delegad, pidió a María Fernanda Jaramillo Gutiérrez, vicepresidenta de negocios fiduciarios de la Previsora S.A., que amplíe el término para la entrega de propuestas de los eventuales oferentes.
Melgosa cuestionó duramente este proceder por parte de Uspec y la Previsora, “Los plazos definidos en el cronograma son de un día para otro. Por ejemplo, la publicación de los pliegos definitivos fue el 15 de julio, el plazo para manifestar interés el 17 de julio a las 3 de la tarde, y el plazo para presentar la oferta el 17 de julio a las 23:59. En qué momento una IPS interesada va a poder cumplir con todos los requisitos exigidos, obtención de cartas de intención, diseño de protocolos, manuales, cálculo de talento humano, identificación de equipos biomédicos necesarios, y todo lo demás que se exige?”
La rápida ejecución del cronograma es una de las principales preocupaciones del Ministerio Público, que teme que esta pueda afectar negativamente la transparencia y equidad del proceso licitatorio.
Por su parte, el director de la Uspec, Ludwing Valero, declaró a El Tiempo que el proceso de selección de oferentes está a cargo de la Fiduprevisora, y que la Uspec participó únicamente en el componente técnico junto con el Inpec. “Nosotros no estamos adelantando el proceso de selección de oferentes. Ese proceso lo lleva la Fiduprevisora como administradora del fondo de atención en Salud de personas privadas de la libertad”, afirmó Valero.
Cuando se le preguntó sobre las implicaciones de una posible suspensión del proceso, Valero indicó que se tendría que prorrogar los contratos con los operadores actuales para garantizar la continuidad de los servicios de salud. Además, explicó que la Fiduprevisora es responsable de establecer los plazos para las ofertas y que estos términos son válidos, ya que no están sujetos a la Ley 80 de contratación.
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El Ministerio Público ha subrayado que actualmente la necesidad de servicios de salud para la población privada de libertad está cubierta por los recursos que la Uspec destina del Fondo Nacional de Salud de las PPL, los cuales son administrados por la Fiduprevisora.
El ente de control ha insistido en la importancia de permitir a los oferentes un tiempo suficiente para evaluar la información requerida y presentar propuestas detalladas y competitivas. Además, la Procuraduría ha advertido que se llevará a cabo un análisis exhaustivo de la documentación solicitada, y dependiendo de los hallazgos, podría iniciarse una vigilancia preventiva de carácter contractual sobre la invitación pública.
La suspensión del contrato, si se lleva a cabo, podría tener implicaciones significativas para la salud de los prisioneros en el país. La intervención de la Procuraduría en este proceso licitatorio se suma a un creciente escrutinio sobre las prácticas de contratación en varias entidades gubernamentales en Colombia.
La situación es crítica, y las decisiones que se tomen en las próximas semanas determinarán no solo el futuro del contrato en cuestión y de la salud de las más de 100 mil personas presas.
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