El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) puso en marcha la licitación con la que busca adjudicar un contrato de prestación de servicios por 1,15 billones de pesos para producir y distribuir Bienestarina –complemento nutricional producido por el ICBF desde 1976 y entregado a población vulnerable– en todo el país, durante los próximos seis años.
Pero la figura de prestación de servicios en la contratación encendió las alarmas en la Procuraduría, que –a través de observaciones directas a la licitación– le pidió a la entidad explicar por qué la escogió.
La razón, según el organismo de control disciplinario y expertos consultados por EL COLOMBIANO, es que un proceso contractual de este monto y por esa cantidad de años sueñe hacerse a través de otras figuras como, por ejemplo, la concesión.
“Debe remitirnos el documento técnico, jurídico y financiero con el que estableció que hay pertinencia y genera ventajas de contratar mediante prestación de servicios”, advirtió el Ministerio Público.
Además, la prestación suele utilizarse para contratar personas de apoyo en funciones administrativas o cuando el personal de planta no puede llevar a cabo tareas específicas, en especial cuando se requiere algún grado de especialización no disponible.
No obstante, el contrato del ICBF, que está fase de presentación de observaciones y se abrió desde la última semana de octubre, es para desarrollar tareas que van desde el procesamiento de bebidas, hasta servicios de investigación de contaminación, transporte de carga por mar, tierra y aire, planeación y control de producción de Bienestarina. Además, el contrato tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2027 e incluye establecer políticas de alimentación y nutrición.
En ese contexto, la Procuraduría le preguntó al ICBF qué relación tienen estas actividades con la naturaleza de los contratos de prestación de servicios. E incluso, le pidió explicar cómo funciona el actual modelo, que viene desde 2015.
Javier Rincón, doctor en Derecho y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana, precisó que los contratos por prestación suelen durar un año y “muy excepcionalmente se suscriben para ejecutarse durante varias vigencias”.
Los interesados
Ante la alerta, EL COLOMBIANO se dio a la tarea de verificar en qué va el proceso y cuáles son las cuatro sociedades que han manifestado interés en licitar.
En la base de datos pública encontró a Ingredion Colombia S.A., dueño del contrato desde 2015, que si bien quiere mantener el contrato, envió 252 “observaciones, inquietudes o sugerencias” el 5 de noviembre. De hecho, le cuestionó al ICBF que use términos en la licitación que, a su juicio, corresponden a un proceso por concesión y no por prestación.
Otro interesado es Incolagro S.A.S., que cuestionó que en el prepliego de adjudicación el Instituto requiera experiencia en producción y distribución de Bienestarina, pues eso implicaría que solo Ingredion S.A. –el contratista actual– podría licitar, “desfigurando lo establecido por la normatividad vigente”.
Por último, aparece Frutas y Alimentos de Colombia S.A.S, dedicada al comercio al por mayor de alimentos, y otra de nombre CorpingFood. Pero en el Secop sus observaciones no están disponibles.
La respuesta del ICBF
El Instituto le aseguró a EL COLOMBIANO que, si bien el contrato de Bienestarina de antes de 2015 era por concesión, el motivo para cambiar a la figura de prestación de servicios desde ese año es que el contratista “no genera un usufructo del bien público”.
Es decir que, al no poder vender el alimento, quien se quede con el contrato no sacará provecho de las plantas del ICBF en las que se produce la Bienestarina (ver Paréntesis).
Además, aclaró que requirió el acompañamiento de la Procuraduría, para garantizar la transparencia y que responderá a todos sus requerimientos.
La carta pidiendo el acompañamiento la firmó la directora del ICBF, Lina María Arbeláez, y se la remitió directamente a la procuradora General, Margarita Cabello, el 22 de octubre pasado.
“Este proceso de contratación es de suma importancia para Colombia y en particular para los niños, niñas y familias más vulnerables, pues permitirá contar con la producción de la Bienestarina en sus diferentes presentaciones, en polvo, líquida y para madres gestantes, que hoy sirve como complemento nutricional a más de 2 millones de beneficiarios mensuales a lo largo del territorio nacional”, dice la carta enviada al Ministerio Público y posteriormente remitida por el Instituto a este periódico.
