La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, y la subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Uzra Zeya, coincidieron este miércoles en la necesidad urgente de abordar temas críticos de seguridad y derechos humanos en Colombia, destacando especialmente la protección de los líderes sociales y la lucha contra la minería ilegal.
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Durante la reunión, se puso de relieve la alarmante situación de los homicidios de líderes sociales en Colombia, lo que llevó a la Procuradora a manifestar su compromiso y el del Gobierno Nacional de intervenir en las investigaciones para que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
Se subrayó la necesidad de garantizar justicia y protección para estos defensores de los derechos humanos, quienes se encuentran en un contexto de creciente violencia.
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Asimismo, se abordó el devastador impacto de la minería ilegal, que ha emergido como una de las principales fuentes de financiamiento de grupos armados ilegales.
Esta actividad no solo representa una grave amenaza para el medio ambiente, sino que también se vincula a la explotación laboral y el desplazamiento forzado, además de financiar actividades criminales.
La Procuradora enfatizó en la necesidad de intensificar las acciones conjuntas entre Colombia y Estados Unidos para combatir efectivamente estas redes de criminalidad transnacional.
Ambas funcionarias coincidieron en la relevancia de fortalecer la cooperación internacional para hacer frente a estos desafíos, promoviendo un enfoque integral que abarque tanto la justicia como la seguridad.
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Se reveló que en Colombia el 85% del oro exportado proviene de la minería ilegal, consolidando esta actividad como una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales.
Más del 70% del oro extraído en el país se origina en operaciones controladas por estos grupos, siendo Chocó, Antioquia, Cauca y Amazonas las zonas más afectadas.
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Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de agosto de 2024, se han asesinado a 1,420 líderes sociales en el país, una tragedia que continúa afectando a quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente en las regiones más vulnerables de Colombia.
