La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría abrió una investigación previa contra funcionarios, aún por determinar, de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por las aparentes “chuzadas” y seguimientos ilegales que se habrían hecho desde allí contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez de la Corte Constitucional.
“Se investigarán las denuncias hechas sobre la posible persecución de la que estarían siendo objeto los miembros de la alta Corporación, que también han denunciado seguimientos, perfilamientos y monitoreos permanentes”, señaló el Ministerio Público en un comunicado.
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El órgano de control detalló que revisará si existen o no autorizaciones judiciales por los órganos de inteligencia para realizar los aparentes perfilamientos y seguimientos.
En esta indagación previa escucharán al magistrado Jorge Enrique Ibáñez para que narre y entregue detalles sobre las circunstancias que rodean el aparente seguimiento ilegal del que estaría siendo víctima.
“La actuación disciplinaria que inició la Procuraduría busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, añadió el ministerio público.
El magistrado Ibáñez ya entregó a la Fiscalía el material que probaría los aparentes seguimientos ilegales que, además, se habrían extendido a su esposa y a los magistrados auxiliares de su despacho.
“Es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas y no descarto que esa misma actuación se pueda estar dando en relación con otros magistrados de la Corte Constitucional”, se lee en una carta que entregó el magistrado a la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
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La situación generó rechazó de las altas cortes, quienes en un comunicado afirmaron que esta aparente persecución golpea la democracia y pone en riesgo la autonomía de la rama judicial.
El magistrado Ibáñez se unió a la Corte en 2020. Es de pensamiento conservador y ha participado como ponente en varias decisiones que tienen que ver directamente con el Ejecutivo.
Ibáñez, por ejemplo, presentó el año pasado una ponencia con la que solicitaba tumbar la totalidad de los artículos que le dieron vida a la ley de la Paz Total y que otorgaba el marco jurídico para los acercamientos, negociaciones o sometimientos con los grupos armados ilegales. Su ponencia no prosperó y la ley se salvó.
