A escasas horas de que la Secretaría de Transparencia de Presidencia publicara un listado con 533 candidatos que estarían inhabilitados para las elecciones regionales, la Procuraduría General de la Nación anunció un proceso para determinar si el jefe de esa entidad cometió un error e incurrió en participación política.
“El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, es un funcionario público que tiene que respetar con mucho cuidado las manifestaciones que hace al público, que ejerce una función de secretario técnico de comisión de moralidad (...) Hay que tener mucho cuidado con eso, y esos son los elementos que estamos analizando para efectos de tener los presupuestos para saber si hubo o no participación en política”, dijo el Ministerio Público.
Según argumentó la procuradora Margarita Cabello, el informe se conoce en un momento inoportuno porque llega después de que se cerrara la inscripción de candidatos y a escasos días de que se realicen las elecciones.
“Lo bonito hubiera sido que antes de que se cerraran las inscripciones, se pudieran dar estas informaciones y antes de que estuviéramos ad-portas de un proceso electoral. Eso tiene sus riesgos y sus debilidades en esa información, ya nosotros vamos a analizar la seriedad de esa información”, dijo Cabello.
El informe en cuestión se basó en la página de contratación pública Secop II y en la Base Pública, donde se halló que los 553 aspirantes habrían celebrado contratos con entidades en el año anterior.
“Esta situación nos pone a pensar si hay una relación entre dichas contrataciones y las campañas políticas”, dijo el secretario Idárraga que será procesado por la Procuraduría.
El informe de inhabilidades
El sorpresivo informe fue lanzado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y reveló 533 nombres de candidatos que, supuestamente, estarían inhabilitados para las elecciones porque celebraron contratos con el Estado recientemente, una acción que prohíbe la Ley.
Ante la suspicacia por la revelación del informe por parte del Ejecutivo y a poco más de 10 días para los comicios, Idárraga explicó que su competencia únicamente abarca denunciar esta situación y que le corresponderá a las entidades competentes hacer las respectivas investigaciones y tomar decisiones.
Según el informe, los concejos municipales presentan el panorama más crítico, pues hay registro de 526 de sus candidatos en riesgo de inhabilidad por cuenta de 769 contratos que ascienden a un monto de $50.170 millones.
