Una vez más la Procuraduría sancionó a funcionarios elegidos por voto popular. El turno fue para el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, quien fue destituido e inhabilitado por 10 años por omitir el control y la vigilancia de la actividad contractual delegada, lo que generó el pago por $7.886.574.000 sin la celebración de acuerdos de voluntades con diferentes Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) por un paquete integral de neurorrehabilitación.
El Ministerio Público también sancionó en primera instancia a tres exsecretarios de desarrollo de la Salud del departamento. Se trata de Alexis José Gaines Acuña, y Alfredo José Aruachán, por 9 años; mientras que para Edwin de Jesús Preciado por el término de 8 años.
En el caso puntual de Lyons, la entidad concluyó que este no vigiló las facultades de aquellos que fungieron como secretarios de Salud, quienes ocasionaron ese millonario pago por la prestación de servicios para terapias de neurodesarrollo a la población de bajos recursos no cubierta por el POS, específicamente en los acuerdos entre el ente territorial y las IPS Crecer y Sonreír S.A.S., Semillas de Amor S.A.S. y Girasoles S.A.S.
Por otro lado, en el caso de Gaines Acuña, el funcionario mediante dos resoluciones proferidas en el año 2014, ordenó el pago de servicios de rehabilitación en salud por $1.193.930.000 a favor de las IPS Girasoles y Crecer y Sonreír. El lío es que no existían previamente negocios jurídicos entre la gobernación y los prestadores del servicio de salud.
En ese mismo contexto, el otro secretario, Aruachán Narváez, a través de diez actos administrativos, ordenó durante el año 2014 se pagara aproximadamente $6.064.044.000, en favor de las tres instituciones prestadoras de servicios de salud mencionadas, sin que existiera un proceso contractual.
Y por el lado del funcionario Preciado, la Procuraduría logró determinar que para el año 2015, “ordenó el pago en favor de la IPS Girasoles $628.600.000 omitiendo surtir las etapas exigidas por la ley para la realización de acuerdos de voluntades”.
Por esos hechos, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 concluyó que hubo vulneración del principio de economía y de responsabilidad en el ejercicio de las funciones de contratación. Así mismo, en la ordenación del gasto, “al disponer del presupuesto departamental, sin cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad social en salud”.
Las faltas que cometieron los funcionarios fueron calificadas por el Ministerio Público como gravísimas, a título de culpa gravísima. Las copias serán compulsadas a la Fiscalía General. Esta decisión es susceptible del recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la entidad.
