La lupa de los entes de control sigue sobre Electricaribe, aún después de la desaparición de la empresa que prestaba los servicios de energía a la costa Caribe colombiana. Este miércoles, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra uno de sus exdirectivos.
Se trata del entonces representante legal José García Sanleandro, quien estuvo en ese cargo entre 2012 y 2016. Además, el ente de control también formuló cargos contra el entonces director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, Rogerio Ramírez Reyes, quien estuvo en ese rol de 2014 a 2016. Contra Ramírez Reyes hay una acusación por presuntas omisiones en el manejo de recursos públicos.
La Procuraduría sigue la pista de la administración de $211.227’488.393, en los que habrían estado involucrados estos dos funcionarios, cuestionando la posible falta de seguimiento, control y vigilancia de cinco convenios que contaban con fondos del FAER (Fondo de Apoyo Financiero para la energización de las Zonas Rurales Interconectadas) y del PRONE (Programa de Normalización de Redes Eléctricas).
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Dice la Procuraduría que García Sanleandro y Ramírez Reyes, presuntamente, estarían involucrados en un uso indebido de recursos destinados para la inversión social. Aparentemente, no se culminaron 29 proyectos que estaban contemplados en los convenios FAER y PRONE, y cuya finalidad era asegurar la prestación eficiente de energía, ampliar la cobertura y satisfacer la demanda de este servicio público en la Región Caribe.
El exrepresentante legal de Electricaribe también está involucrado en un segundo cargo por la presunta aplicación indebida del subsidio del FOES (Fondo de Energía Social). Según esa pesquisa, el dinero que había destinado el Gobierno para el consumo de energía de los estratos 1 y 2 habría sido utilizado para disminuir las pérdidas de la empresa entre octubre de 2012 y diciembre de 2016. Incluso, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ya emitió una sanción por ese hecho.
Finalmente, la Procuraduría recordó que “con estas posibles conductas los investigados podrían estar incursos en falta gravísima cometida con culpa gravísima”.
