Todos los ojos de los entes de control están puestos sobre el caso de la EPS Sanitas y Cruz Verde, quien anunció esta semana que no entregaría más medicamentos por fuera del Plan Básico de Salud tras más de 400.000 millones de cartera vencida de esa EPS.
Tras los llamados de atención del Gobierno Nacional y la Contraloría General de la República, la Procuraduría se sumó a esa auditoría y anunció que citará al Ministerio de Salud para aclarar cuentas y revisar los riesgos.
Este miércoles, la procuradora general Margarita Cabello se reunió con representantes de la EPS Sanitas y la droguería Cruz Verde para analizar el impacto de la decisión y evaluar medidas de contención.
Según advirtió Cabello, por lo menos unos 33.000 pacientes estarían en riesgo de no recibir sus medicamentos.
Sobre esto último, el Ministerio de Salud había explicado que la decisión de Cruz Verde no toca a más del 90% de los afiliados a Sanitas que reclaman medicamentos incluidos dentro del Plan Básico de Salud, PBS.
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Sin embargo, ese 10% restante corresponde a personas con enfermedades huérfanas o críticas muy complejas de tratar y cuyos medicamentos son escasos y costosos en el mercado.
Precisamente de a ese porcentaje se refirió la procuradora con la cifra de más de 30.000 pacientes. Según los cálculos de la entidad, esa cantidad de pacientes son los que “padecen enfermedades catastróficas, huérfanas, crónicas y complejas”.
“Tenemos la obligación de prevenir el riesgo. La solución se tiene que lograr. Estaremos vigilantes a no se materialice el riesgo para la salud de los afiliados que requieren medicamentos no cubiertos dentro del PBS”, aseveró Cabello.
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Así las cosas, la citación del Ministerio Público al Gobierno Nacional, específicamente al Ministerio de Salud y Prosperidad Social, será para “aclarar las cifras, los compromisos financieros, las diferencias en lo establecido en lo adeudado y las fechas de giros de los recursos”, dijo la Procuraduría.
Recientemente, la Contraloría General también declaró el caso como de “impacto nacional” y anunció una serie de medidas para prevenir una crisis.
Según detalló el ente de control, los funcionarios entrarán a evaluar el estado contable de Sanitas, especialmente el del año 2022, para determinar el destino de las reservas técnicas que dicha EPS debió usar para pagar deudas y contingencias como esta, en la que un proveedor se niega a seguir entregando medicamentos dada la millonaria cifra sin pagar.
