Con múltiples solicitudes, víctimas de las antiguas Farc acudieron a la Jurisdicción de Paz (JEP) para reclamar justicia y reparación. El pedido de paz, paradójicamente, fue el detonante de una dura reacción por parte de la Procuraduría General al encontrar solicitudes represadas.
Concretamente, el órgano de control envió una comunicación al despacho de la magistrada Julieta Lemaitre, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) de la JEP, informando sobre el inicio de acciones legales si continúa negándose a responder, entre otras, la solicitud de modificar los tiempos concedidos a los comparecientes para que reconozcan los hechos y las conductas que se les imputan.
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Así lo denunciaron varios afectados en una serie de requerimientos allegados al ministerio público. Se trata de víctimas vinculadas a procesos por toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc – EP.
Al respecto, el procurador delegado ante la JEP, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, explicó que la magistrada insiste en trasladar al mismo tiempo un escrito preliminar con las imputaciones jurídicas del caso a víctimas, intervinientes y comparecientes, para que estos a su vez presenten observaciones, pero además, en esa misma etapa pide a los comparecientes hacer el reconocimiento de hechos y conductas cometidas frente a estas imputaciones jurídicas que no son definitivas.
