En un oficio de cinco páginas, la Procuraduría General de la Nación emitió varias observaciones a la recién aprobada reforma pensional. El organismo de control detalló uno a uno los graves riesgos para el presente y el futuro de la Seguridad Social pensional de los colombianos con el texto aprobado el día 23 de abril de 2024 en el Senado de la República, el cual, dice el oficio, no contó con los estudios técnicos y recomendaciones realizadas por diferentes expertos.
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“El Senado aprobó el texto de la reforma pensional con modificaciones, sin una discusión técnica y completa del articulado; al votar en bloque algunos de ellos, no se atendieron los diferentes análisis poblacionales, demográficos, laborales, técnicos, económicos, fiscales, entre otros, realizados por la academia, expertos en pensiones. Centros de estudios sociales, económicos y financieros (Anif, Fedesarrollo, etc.)”, detalla el organismo.
En el documento que fue enviado directamente a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se insiste en el inconveniente de que no se haya propiciado escenarios para debates académicos y técnicos que alimentaran la construcción de la reforma.
“El proyecto de reforma pensional, debe contar con cálculos actuariales, estudios de impacto fiscal, que aseguren su sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo, tomando en cuenta para ello entre otros factores, la creciente informalidad laboral y transición demográfica que permiten prever el aumento de la población adulta mayor, respecto de los aportantes al sistema”, se lee en el documento.
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Como es de público conocimiento, la iniciativa plantea la conformación de un fondo público con los recursos de los cotizantes afiliados a las AFP que pasarían a Colpensiones. Esto, dice la Procuraduría, es uno de los aspectos más delicados y graves de la reforma. Puso de presente las dificultades que en la actualidad enfrente Colpensiones y que han sido advertidas también por la Corte Constitucional.
“Colpensiones no está preparada para asumir la implementación de este proyecto de reforma; carece de desarrollos tecnológicos, capacidad administrativa y operativa, entre otros problemas estructurales y coyunturales; en consecuencia, consideramos que la vigencia de la ley, sea mínimo para mediados del 2026”, dice el oficio.
Finalmente, el ministerio público plantea la necesidad de que el debate de este proyecto en la Cámara de Representantes surta de manera técnica, profesional, analizada, sin sesgos, sin aprobaciones en bloque.
“Debe buscar el consenso y contar con estudios actuariales; respetar, en todo caso, los ahorros de los afiliados. Es necesario tener cuenta, las fuentes de financiación de los costos que se generarán con esta implementación y que sean compatibles con el marco fiscal a mediano y largo plazo. (Regla Fiscal). Reiteramos que la generación de empleo, la formalización laboral y el ahorro, son los principales factores de sostenibilidad de los sistemas de Seguridad Social”, concluyó.
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