Varios reparos hizo la Procuraduría General de la Nación al proyecto, vía decreto, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo “por el cual se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel”.
En un documento con detallados seis puntos, el órgano de control argumenta sus reparos y expone cuáles serían las consecuencias a las que se enfrentaría el país en caso de surtirse la aplicación del decreto.
En su decisión, el Ejecutivo explicó que se suspenden las exportaciones de este mineral hasta que cesen los ataques contra la población civil en Gaza.
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Entre las consecuencias del proyecto están, por ejemplo, la reducción de regalías teniendo en cuenta que las exportaciones de carbón térmico a Israel representan 650 mil millones de pesos cada año en regalías, impuestos y contribuciones, de los cuales, 100 mil millones van directamente a los departamentos de La Guajira y Cesar.
Dice el organismo que el proyecto no hace referencia a un análisis técnico sobre la forma como se asumirá el costo de lo que dejará de percibir el Estado colombiano por regalías generadas mientras dure el conflicto en la Franja de Gaza.
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Así mismo, advirtió que el proyecto no genera garantía frente a su efectividad toda vez que en el mismo no hay una demostración técnica que conlleve a determinar que si no se exporta carbón por parte del Estado colombiano, Israel procederá a cumplir las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
De otro lado, el decreto, al estar insuficientemente justificado, queda expuesto al riesgo de una causal de nulidad por falsa motivación, ya que las razones invocadas en su fundamentación son contrarias a la realidad, no son proporcionales, ni razonables.
“Incumplimiento del tratado de libre comercio con Israel: Al no estar justificada la medida de prohibición de exportación de carbón por parte de Colombia al estado de Israel, se debería evaluar los riesgos de un eventual incumplimiento de este acuerdo internacional aprobado por el Congreso en 2017 y que entró en el año 2020”, detalla el Ministerio.
Son las citadas algunas de las advertencias de la Procuraduría las cuales espera sean tenidas en consideración para revertir la aplicación del decreto.
